La Fiscalía pide 6 años de cárcel para ex altos cargos de UM y Més por corrupción
El exgerente del Inestur Antoni Oliver y la exconsellera Joana Lluïsa Mascaró están acusados de regar con 60.000 euros a una entidad afín
La Fiscalía reclama sendas condenas de seis años de prisión para varios altos cargos de la extinta UM y el PSM -diluido ahora en Més per Mallorca- por regar con más de 60.000 euros públicos a una entidad afín, la asociación Pas Amics del Camí, mediante contratos y subvenciones plagados de irregularidades y por proyectos deficientes o inexistentes entre 2008 y 2010, durante el segundo Pacte de Progrés. Los siete acusados son Antoni Oliver, exgerente del Institut d’Estratègia Turística de les Illes Balears (Inestur) de la conselleria de Turismo; Antoni Rebassa y Sebastià Amengual, entonces responsables de ese organismo; Joana Lluïsa Mascaró, que era vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell; Joan Serra, secretario general de ese departamento; y Lluís Planas y Emili Gallardo, director y secretario de la asociación beneficiada. El caso llega a juicio 15 años después, ya que la Audiencia Provincial ha señalado la vista oral para finales del próximo mes de noviembre.
La Fiscalía imputa a los acusados delitos de prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. Según el relato del ministerio público, todos se concertaron para «favorecer de manera indebida con fondos públicos» a la asociación. Para ello, se fraccionaron contratos para poder adjudicarlos a dedo sin concurso público.
En el Consell de Mallorca se concedieron a la entidad contratos para implementar rutas de senderismo, trabajos que se justificaron con facturas fraudulentas, y diversas subvenciones para rutas culturales cuyos contenidos eran descargados de internet. El Inestur, por su parte, otorgó contratos a Pas Amics del Camí para la señalización de rutas por la Serra de Tramuntana, encargos que se pagaron pese a no realizarse adecuadamente.
La Fiscalía señala que los trabajos contratados y subvencionados eran «innecesarios», pues los caminos ya estaban recogidos en catálogos e incluso señalizados por el Consell. Además, apunta que la asociación beneficiada carecía de medios personales y materiales para estos proyectos y que ninguno de sus miembros tenían la cualificación necesaria. De hecho, los informes de la Guardia Civil concluyeron que «las georreferenciaciones y señalizaciones efectuadas son altamente deficientes». Incluso señala que llegaron a realizar marcas con pintura en los caminos en terrenos privados y zonas de protección natural.
También detalla el ministerio público un rosario de irregularidades en las facturas que la asociación presentaba ante las distintas instituciones para justificar las cantidades que recibía.
La Fiscalía concluye que se habrían satisfecho por la Administración más de 60.000 euros y reclama que los siete procesados indemnicen a las instituciones por el dinero desviado.
La sección segunda de la Audiencia Provincial tiene previsto iniciar el juicio el próximo 27 de noviembre.
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