El fiscal, sobre Penalva, Subirán y los policías: «Actuaron con inquina, sin prudencia, rigor ni imparcialidad»

A degüello. El fiscal Tomás Herranz cargó este martes con extrema dureza contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y los cuatro policías en su informe final del juicio. «No había rigor, ni prudencia ni imparcialidad. Había inquina, predeterminación y sesgo de confirmación», dijo sobre la actuación «coordinada» de los seis acusados en la investigación del caso ORA, a los que acusó de actuar basándose en «prejuicios, suposiciones, especulaciones y sin fundamento». El fiscal sostuvo que los investigadores eran conscientes de que «no había nada» irregular que justificara las detenciones de 15 personas, dos de las cuales fueron encarceladas. «No había voluntad de asumir la verdad», resumió para solicitar condenas que suman casi 600 años de prisión para los procesados. «Tenían la conciencia negra o bloqueada», aseguró.

«El concurso de la ORA careció de cualquier irregularidad», sentenció Herranz, recordando que la investigación penal por el supuesto amaño de la adjudicación al empresario Antoni Riog con comisiones para Álvaro Gijón y José María Rodríguez fue archivada finalmente por la Audiencia. Herranz argumentó que las pesquisas fueron «prospectivas» y se basaron en la declaración de un testigo que no aportó ninguna prueba, sino que se apoyaba en «comentarios y especulaciones».

El fiscal, que en varias ocasiones se dirigió directamente a los acusados para recriminarles su actuación, señaló que el informe elaborado por el entonces subinspector del grupo de Blanqueo, Miguel Ángel Blanco, era «puramente especulativo» y «no aportaba indicio alguno». «Son suposiciones sin fundamento alguno», argumentó sobre sus conclusiones, en las que se implicaba a Gijón pese que «no intervino» en el procedimiento de adjudicación.

De este modo, consideró ilegales las detenciones de los 12 miembros de la mesa de contratación, que calificó de «injustificadas y arbitrarias». Muchas de ellas, dijo, solo pretendían que los arrestados «incriminaran a otras personas». En este sentido, aludió a los mensajes de WhatsApp de los investigadores en los que antes de interrogar a algunos de estos detenidos ya hablaban de desimputarlos. Herranz sostuvo que no había necesidad de practicar estas detenciones pese a que los acusados entendieran que había indicios de amaño. «Tenían el expediente del concurso y los acusados estaban perfectamente localizados. No podían destruir pruebas y no había dificultad para citarlos. La ley no obliga a detener a un sospechoso cuando solo se le quiere oír», defendió.

Herranz, que expuso su informe durante algo más tres horas, utilizó argumentos similares para considerar ilegal la detención y el encarcelamiento del empresario Antoni Roig, acusado entonces de sobornar a Álvaro Gijón con un inmueble a cambio del amaño. «Los acusados ya sabían que el piso no podía ser una dádiva porque lo había construido tiempo atrás la familia Gijón», dijo sobre el inmueble. «Ni antes ni después realizaron ningún intento» por aclarar de dónde había salido el soborno. «Les era indiferente el contenido de la investigación. El ingreso en prisión obedecía a la espúrea intención de que delatara a Gijón», sentenció.

Tampoco considera el fiscal justificadas las detenciones de los padres y el hermano de Álvaro Gijón. No basta con que existiera un procedimiento penal y que los investigadores tuvieran la convicción de que habían participado en operaciones de blanqueo», señaló, señalando que los informes de la Agencia Tributaria no contenían «indicio alguno» de que habían ocultado dinero. Y cargó de nuevo contra el subinspector Blanco, al que ridiculizó por considerar en sus informes como operaciones opacas ingresos bancarios de cien euros o menos.

Aunque acusó a los seis procesados de haber actuado «sin prudencia, rigor ni imparcialidad», el fiscal fue especialmente duro con Penalva. «Dijo que tenía un conocimiento muy tangencial del caso ORA. Ninguna excusa tiene para ello. Tenía un juez de apoyo y solo llevaba estas causas y una de drogas. No podemos aceptar la alegación de que tenía mucho trabajo. No es verdad. Pero es más fácil tener otras actividades, las tardes y los fines de semana libres e ir al juzgado por la mañana a hacer cositas. Es más fácil que estudiar y trabajar», consideró. También citó un mensaje de whatsapp en el que el juez explicaba que había «mandado a tomar por culo» a los abogados de Gijón y Rodríguez. «Esta era la ecuanimidad y el rigor», apostilló Herranz.

Presiones y amenazas

El fiscal acusa también a Penalva, Subirán y tres de los policías presionar y amenazar a varios acusados y testigos, dando por buenos entre otros los testimonios de Bartolomé Sbert, antiguo número 2 del grupo Cursach, y Rafael Estarellas, excomisario de la Policía Local de Palma. Ambos sostienen que les intimidaron para que declarasen contra Gijón y Rodríguez.

Más de puntillas pasó el fiscal por las filtraciones a los medios de comunicación de las investigaciones, apuntando ya solo a que los acusados no las persiguieron. Herranz calificó de «minucioso y riguroso» el trabajo de los policías Juan Márquez y Juan Palomo y señaló que su investigación «no guarda ninguna relación con los teléfonos de los periodistas» a los que se incautaron sus móviles de forma ilegal. 

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