Idas y venidas de la libre elección de primera lengua de enseñanza en Baleares

Llevan años tratando de desvincularse de él, enarbolando la bandera de la moderación y evitando polémicas lingüísticas en el sector educativo, pero el espíritu de José Ramón Bauzá ha vuelto a la sede del PP en la calle Palau Reial y también deambulará por el Consolat de Mar, por obra y exigencia de Vox. Al sentarse a negociar, Marga Prohens y su equipo ya sabían que el tema lingüístico en la enseñanza sería una de las trincheras principales del partido ultra liderado por Jorge Campos, quien como presidente del Círculo Balear ha batallado durante años contra la presencia del catalán en las aulas.

El texto del preacuerdo firmado entre ambos partidos confirma que el nuevo Govern tendrá que resucitar en parte el espíritu del expresident ‘popular’ con la reactivación o reformulación de medidas como la libre elección de la primera lengua de enseñanza: ¿Qué significa este punto exactamente?

La ley de Normalización Lingüística, aprobada por el PP en 1989, recoge en su artículo 18 que los alumnos tienen derecho a recibir la primera lengua de enseñanza en catalán o castellano. El TSJB ha emitido sentencias reconociendo este derecho. La primera lengua es aquella en la que los niños aprenden a leer y escribir, y afectaría a los que se matriculan por primera vez en el sistema educativo (casi todos los críos se inician a los 4 años, en 4º de Infantil, aunque en realidad la escolarización es obligatoria a partir de los 7, en 1º de Primaria).

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En 2004, el ‘popular’ Francesc Fiol, entonces conseller de Educación, aprobó la primera orden para regular este punto contemplado en la ley de Normalización Lingüística, decretando que las familias debían concretar su preferencia lingüística por escrito en el momento de realizar la primera matrícula. Cuando llegó José Ramón Bauzá al Govern, su primer conseller de Educación, Rafael Bosch, quiso remarcar más esta libertad de elección y en 2012 cambió la manera de ejercerla, incluyendo una casilla para que los padres eligieran catalán o castellano ya en el primer momento del proceso de admisión, al solicitar plaza. Se aseguró que no se podría segregar a los alumnos por lengua y se habló de «agrupaciones flexibles» y «atención individualizada».

Durante los años de aplicación de este sistema la gran mayoría de familias siguió eligiendo catalán. El primer curso de aplicación, el 2012-2013, eligió catalán un 87% de los padres; el siguiente, el 70%; el 2014-2015 el 77% de las familias marcaron la casilla de catalán; y en el ejercicio 2015-2016 un de solicitudes señalaron el catalán como primera lengua de enseñanza.

Con la llegada del Govern PSIB-Més en 2015, el nuevo conseller, Martí March, cambió el sistema. Así, a partir del periodo 2016-2017 al entregar la solicitud de plaza escolar los padres debían marcar otra casilla diferente: una en la que aseguraban aceptar el proyecto lingüístico del centro. El derecho a pedir una lengua u otra para la primera enseñanza pasaba a poder ejercerse, como en época de Francesc Fiol, en el momento de la matrícula.

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El acuerdo PP-Vox hace mención entonces a un derecho que en teoría está vigente. El partido de Campos parece que ha reducido sus aspiraciones iniciales, cuando reclamaba al PP libre elección de lengua en todas las etapas educativas. Cabe señalar que de la ley de Normalización Lingüística, además de la elección de primera lengua de enseñanza, también deriva el Decret de Mínims, por el que los centros educativos deben utilizar el catalán como mínimo en la mitad del horario.

El preacuerdo firmado es muy básico y es difícil calibrar sus consecuencias reales, por ejemplo cuando señala que «se modificarán las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales». No se precisa a qué normas se refiere.

Vox criticó duramente la Ley Autonómica de Educación (LEIB) por mencionar únicamente el catalán como lengua vehicular (y por otras cuestiones) y la tiene impugnada en el Tribunal Constitucional.

Ahí hay punto de acuerdo claro entre ambas formaciones: el PP se había mostrado a favor de la mayoría de puntos de la LEIB, pero al final votó en contra cuando en el último momento el PSOE (presionado por Més) quitó la referencia al castellano como lengua vehicular.

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