El exalcalde de Ibiza Rafael Ruiz afirma ante la jueza que la adjudicación al Club Náutico se basó en criterios técnicos

El exalcalde de Eivissa Rafael Ruiz ha negado hoy ante la jueza cualquier irregularidad en la adjudicación del Club Náutico de la ciudad. En su comparecencia ante la magistrada Martina Mora, encargada de las pesquisas del llamado 'Caso Puertos', Ruiz ha asegurado que el proceso se llevó a cabo con los "informes jurídicos favorables" y basándose en "criterios técnicos" y ha rechazado que hubiera presiones políticas para conceder la gestión. 

El político socialista ha comparecido durante algo menos de una hora ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación. Ruiz forma parte del consejo de administración de la Autoritat Portuària de Balears (APB) como representante del Consell d'Eivissa. La jueza considera que en las pesquisas aparecen indicios de que "su actuación pudo no haberse limitado al acompañamiento impune a la decisión presuntamente prevaricadora y/o fraudulenta que se investiga", en este caso la concesión en favor del Club Náutico de Eivissa frente al proyecto presentados por la empresa 12 Millas, que luego presentó la denuncia que ha dado pie a la investigación.

Como han venido haciendo el resto de imputados en esta pieza del 'Caso Puertos', entre ellos el ex presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, Ruiz ha defendido que durante el proceso de adjudicación se siguieron criterios de interés social general. Según ha manifestado a su llegada a los juzgados, durante el procedimiento bajo sospecha "intentaba defender los intereses de la ciudadanía y de la ciudad, de lo que era más adecuado para el puerto, siempre dentro de la legalidad y con los informes jurídicos y técnicos que iban al Consejo de Administración" de la APB.

Según ha explicado Ruiz tras su declaración, el proceso de adjudicación bajo sospecha fue votada por el Consejo de Administración de la APB "en base a criterios técnicos y jurídicos". Ruiz ha asegurado además que no participó "en ninguna presión" para decantar el resultado del proceso. "Los técnicos y juristas son los garantes de la legalidad y el político se fía de esos criterios. Nosotros no somos los que decimos qué criterios deben ir en una licitación", ha afirmado Ruiz, que se ha mostrado confiando en que la jueza levante su imputación en la causa.

La jueza ha tomado hoy también declaración como testigos a José Llorca, expresidente de Puertos del Estado; Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado y José Antonio Morillo Velarde del Peso, jefe de los servicios jurídicos de Puertos del Estado. La magistrada investiga también en esta macrocausa otras ilegalidades en adjudicaciones de negocios náuticos en Mallorca y Menorca y mantiene buena parte de las investigaciones bajo secreto de sumario desde hace tres años. Gual de Torrella y otros cuatro directivos fueron detenidos por esta causa de presunta corrupción en julio de 2020.