Madrid quiere que el control aéreo de Palma esté privatizado en dos años

El ministerio de Transportes abre a consultas el proyecto para avanzar en la liberalización

Imagen de la torre de control de Son Sant Joan.

Imagen de la torre de control de Son Sant Joan. / MANU MIELNIEZUK

Fernando Guijarro

Fernando Guijarro

El ministerio de Transportes pretende que la privatización del control aéreo de Palma, junto al de otros seis aeropuertos, se haga efectiva en un plazo de dos años. En concreto, el proyecto de orden ministerial que ha elaborado y al que ha tenido acceso Diario de Mallorca especifica que la liberalización prevista para Son Sant Joan, Bilbao, Gran Canaria, Málaga, Santiago y Tenerife Norte y Sur «deberá iniciarse en un plazo no superior a 18 meses desde la fecha de publicación» de esta iniciativa, a lo que habrá que sumar el tiempo para adjudicar la gestión de las citadas torres de control.

De momento, el Ministerio ha abierto el periodo de consulta pública para avanzar en esa privatización, dando un plazo de 20 días hábiles para que ciudadanos, organizaciones y agentes sociales puedan revisar este proyecto y presentar alegaciones.

Ante la polémica que la medida ha generado en zonas como Balears, desde el Gobierno central se alega que la privatización había sido reclamada por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) y por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), además de haber sido recomendada por la Comisión Europea y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el objetivo de avanzar e el proceso de liberalización que se inició en 2010 en otros aeropuertos.

Ejemplo de Eivissa

Precisamente en relación a este último punto, desde AENA se señalan los buenos resultados obtenidos, por ejemplo en la torre de Eivissa tras la privatización de su gestión, dado que el aeropuerto pitiuso entro en esa primera fase.

En relación a este punto, se recuerda que Enaire (organismo público gestor de navegación aérea) está prestando actualmente servicio en 21 torres de control, mientras que las empresas Saerco y FerroNats lo hacen en otras 22 ya liberalizadas.

En el proyecto de orden ministerial se asegura que en los puntos en los que el control aéreo se ha privatizado, se han registrado «efectos positivos en el sistema global de navegación aérea español, contribuyendo a la mejora de la eficiencia y garantizando la calidad y seguridad de los servicios».

Periodo electoral

Respecto a las reacciones contrarias que se han registrado en Balears contra esta medida, con duras críticas por parte del PP, Podemos y Més, desde la Administración central se apunta que se producen en un periodo preelectoral y se resta importancia. Hay que recordar que también el Govern ha expresado su preocupación ante la privatización de la torre de control de Palma, especialmente por el futuro de sus 55 trabajadores en el caso de que la empresa que se haga cargo de este servicio no asuma esa plantilla.

En relación a este punto, desde el sindicato de controladores USCA se ha hecho hincapié en que resulta muy difícil de entender que un Gobierno central formado por PSOE y Unidas Podemos, y que hace gala de defender el sector público, sea el que promueve la privatización de un servicio tan sensible como es el control aéreo.

Hay que recordar también que los partidos que componen el actual Ejecutivo autonómico se han caracterizado por reivindicar la participación de las Administraciones de las islas en la gestión de sus aeropuertos, algo que también esgrime el PP.

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