Tribunales
La jueza prorroga de nuevo la investigación del caso Puertos
La magistrada amplía la instrucción otros seis meses pese a la oposición de Joan Gual de Torrella y otros acusados de corrupción
Joan Gual de Torrella, con su abogado, en los juzgados. / B. Ramon
La jueza que investiga el caso Puertos, la trama de presunta corrupción en la Autoritat Portuària de Balears (APB) durante el mandato de Joan Gual de Torrella, ha acordado prorrogar la instrucción al menos otros seis meses. La magistrada sostiene que esta ampliación de plazos, a la que se han opuesto tanto Gual como otros acusados, es imprescindible porque debe realizar nuevas diligencias «para el esclarecimiento de los hechos». Estas prórrogas afectan a los dos piezas relativos a los puertos de Eivissa y Maó cuyo secreto de sumario ya se ha levantado, pero existen varias más que afectan a otros puntos de las islas que siguen secretas. Fuentes judiciales apuntan a que al menos dos de ellas analizan decisiones tomadas en Alcúdia y El Molinar, en Palma.
En sendos autos fechados el pasado 27 de enero, la titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, acuerda prorrogar hasta el próximo 29 de julio las investigaciones de Eivissa y Maó. Respecto a la primera, la magistrada considera que pese a que «se han practicado numerosas diligencias, no ha sido posible finalizar la investigación» y adelanta que podría ampliar la lista de investigados en función de los informes que todavía no ha recibido. En este sentido señala que Puertos del Estado ha remitido recientemente un oficio que no ha podido examinar todavía por un problema informático.
Dos de las defensas acusaron a la jueza, para oponerse a la prórroga, de llevar a cabo una investigación «prospectiva» La magistrada replica que los hechos investigados están «perfectamente identificados, expresados y delimitados». Respecto al «descrédito personal» que planteó uno de los investigados por la dilatación de las pesquisas, Mora responde que la investigación también está dirigida a buscar elementos de descargo.
Respecto a la pieza abierta por las supuestas irregularidades en Maó, la jueza expone también que pese a las numerosas diligencias realizadas ahora no es posible todavía cerrar la instrucción. Señala además que acaba de recibir un informe solicitado en octubre de 2021 a la Intervención General de la Administración del Estado sobre los criterios técnicos que siguió la APB en una adjudicación. La magistrada añade que necesita varias aclaraciones por parte del perito que ha redactado el documento.
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