Dueños de cinco discotecas y bares de copas de Palma: «Cursach tenía el monopolio y no soportaba que le hiciéramos la competencia»
Los dueños de cinco locales nocturnos denuncian en el juicio el «acoso y derribo» de la Policía Local, que algunos vinculan al magnate
Bartolomé Cursach, a su llegada a una de las sesiones del juicio, en una imagen de archivo. / B. Ramon
Los dueños de cinco discotecas y bares de copas de Palma denunciaron ayer en el juicio del caso Cursach el «acoso y derribo» de la Policía Local a sus negocios, que algunos vincularon a la influencia del magnate aunque reconocieron no tener pruebas de ello. «El Grupo Cursach tenía el monopolio y no soportaba que le hiciéramos la competencia», señaló de uno de ellos. Los testigos narraron inspecciones «excesivas» y «sin motivo aparente», «órdenes de cierre injustificadas» y peticiones de sobornos para eludir los controles. El fiscal incidió en que esos negocios no eran competencia de los locales de Cursach por la distancia que los separaba. «La competencia era el horario», acabó respondiendo uno de los afectados.
El más vehemente en sus acusaciones fue Gabriel Payeras, que fue director y socio de la discoteca Level/Divino del Paseo Marítimo entre 2006 y 2015. Aunque reconoció algunas irregularidades e incumplimientos en sus licencias y excesos de aforo, afirmó que el «hostigamiento» de la Patrulla Verde empezó a raíz de unas «amenazas» de Sbert, mano derecha de Cursach en 2007. «Iban a por nosotros. Era un tema comercial. Ellos tenían el monopolio. Hasta entonces nadie les hacía la competencia y nosotros los rompíamos. No soportaban que lleváramos gente igual que ellos y tenían que matar eso», afirmó Payeras. Según contó, ante esta situación de «guerra», trataron de poner al día los permisos del negocio y el aforo, «aunque desde hacía 25 años se incumplía en todas las discotecas y no pasaba nada».
Payeras detalló que su discoteca empezó a recibir «inspecciones cada fin de semana» y acusó a la Policía Local de realizar mediciones de ruido «falsas» para provocar el cierre del local. Afirmó que el Grupo Cursach llegó a contratar a una persona para que se hiciera pasar por un vecino y presentara denuncias, según las conclusiones de un detective al que encargaron un informe. Aseguró también que la Policía Local sometía a largas revisiones a los autocares que llevaban turistas de s’Arenal a Level/Divino mientras al resto no los interceptaban o los tenían parados «solo cinco minutos». Solo pudo identificar a Miguel Estarellas, policía que fue procesado pero murió antes de la celebración del juicio.
«Es injusto que en un país como España no podamos luchar de tú a tú con un imperio», sentenció, asegurando que acabó arruinado. «No puedo demostrar nada», admitió sobre sus acusaciones.
Marcos Ollés
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Marcos Ollés
"Visto para sentencia", proclama la presidenta del tribunal, Samantha Romeroi. Después de 36 sesiones a lo largo de cinco meses y medio, concluye el juicio del caso Cursach.
Marcos Ollés
Sbert, a los fiscales: "Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de derecho. Deberían hablar de este caso en las universidades de la abogacía. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos", concluye.
Marcos Ollés
"He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Aceptamos la disculpa de todo el dolor que nos han hecho". Se dirige al fiscal Herranz para agradecerle sus palabras. "Tenemos que aprender a vivir con esta situación y así lo superaremos, nunca se podrá olvidar. He vivido el terror. Hice poner cámaras en mi casa, porque tenía miedo de que tiraran droga al jardín de mi casa. El terror, el miedo, la pena, la sinrazón, el odio... Todo eso te invade y dejas de ser tú", añade.
Marcos Ollés
"Las lágrimas se han acabado. No creía en la justicia. En 2017 ya dije que estaban contaminados", asegura sobre Penalva y Subirán. "Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente", revela Sbert.
Ignacio Orpí, propietario del histórico local Bluesville de La Lonja entre 1994 y 2012, calificó de «acoso y derribo» la actividad de la Patrulla Verde de la Policía Local contra su negocio a partir de 2004. «Había semanas que venían dos veces a pedir lo mismo sin motivo aparente», explicó. Orpí señaló que tenía todos los permisos necesarios y señaló a dos de los policías acusados, Gabriel Mayol y Josep Mayans como los más asiduos a estos controles. El abogado de los agentes, Gaspar Oliver, puso de manifiesto que ninguno de ellos figura en los expedientes que se abrieron al Bluesville.
El fiscal insistió varias veces en desvincular a Cursach de las supuestas prácticas abusivas, preguntando si el magnate tenía negocios en esa zona y a qué distancia del Bluesville. «El mío era un local de éxito, no se si eso le podía molestar a Cursach», señaló Orpí. Ante la insistencia del fiscal acabó explicando que la competencia no estaba relacionada con la distancia entre negocios, sino «en el horario». «Yo podía abrir hasta las cinco de la madrugada», dijo.
Los dueños de tres locales situados en La Lonja y Cala Major también señalaron a Mayol y Mayans, acusándoles de prácticas abusivas. «Nos obligaban a cerrar a la una, cuando teníamos licencia hasta las tres y media. Venían tres o cuatro veces por semana para hacer las mismas comprobaciones», contaron. Ambos negaron que en ese momento La Lonja tuviera la consideración de zona acústicamente contaminada. Uno de estos testigos señaló que los agentes «venían de paisano, se tomaban una copa y se iban sin pagar». «Estaba acojonado de cobrarle por sus formas y su presión». Ambos narraron que una noche los dos agentes entraron cuando estaba ya la persiana bajada y realizaron comentarios a la mujer: «Me enfrenté a ellos, agacharon la cabeza y se fueron».
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