Los dueños de cinco discotecas y bares de copas de Palma denunciaron ayer en el juicio del caso Cursach el «acoso y derribo» de la Policía Local a sus negocios, que algunos vincularon a la influencia del magnate aunque reconocieron no tener pruebas de ello. «El Grupo Cursach tenía el monopolio y no soportaba que le hiciéramos la competencia», señaló de uno de ellos. Los testigos narraron inspecciones «excesivas» y «sin motivo aparente», «órdenes de cierre injustificadas» y peticiones de sobornos para eludir los controles. El fiscal incidió en que esos negocios no eran competencia de los locales de Cursach por la distancia que los separaba. «La competencia era el horario», acabó respondiendo uno de los afectados.
El más vehemente en sus acusaciones fue Gabriel Payeras, que fue director y socio de la discoteca Level/Divino del Paseo Marítimo entre 2006 y 2015. Aunque reconoció algunas irregularidades e incumplimientos en sus licencias y excesos de aforo, afirmó que el «hostigamiento» de la Patrulla Verde empezó a raíz de unas «amenazas» de Sbert, mano derecha de Cursach en 2007. «Iban a por nosotros. Era un tema comercial. Ellos tenían el monopolio. Hasta entonces nadie les hacía la competencia y nosotros los rompíamos. No soportaban que lleváramos gente igual que ellos y tenían que matar eso», afirmó Payeras. Según contó, ante esta situación de «guerra», trataron de poner al día los permisos del negocio y el aforo, «aunque desde hacía 25 años se incumplía en todas las discotecas y no pasaba nada».
Payeras detalló que su discoteca empezó a recibir «inspecciones cada fin de semana» y acusó a la Policía Local de realizar mediciones de ruido «falsas» para provocar el cierre del local. Afirmó que el Grupo Cursach llegó a contratar a una persona para que se hiciera pasar por un vecino y presentara denuncias, según las conclusiones de un detective al que encargaron un informe. Aseguró también que la Policía Local sometía a largas revisiones a los autocares que llevaban turistas de s’Arenal a Level/Divino mientras al resto no los interceptaban o los tenían parados «solo cinco minutos». Solo pudo identificar a Miguel Estarellas, policía que fue procesado pero murió antes de la celebración del juicio.
«Es injusto que en un país como España no podamos luchar de tú a tú con un imperio», sentenció, asegurando que acabó arruinado. «No puedo demostrar nada», admitió sobre sus acusaciones.
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"Visto para sentencia", proclama la presidenta del tribunal, Samantha Romeroi. Después de 36 sesiones a lo largo de cinco meses y medio, concluye el juicio del caso Cursach.
Sbert, a los fiscales: "Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de derecho. Deberían hablar de este caso en las universidades de la abogacía. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos", concluye.
"He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Aceptamos la disculpa de todo el dolor que nos han hecho". Se dirige al fiscal Herranz para agradecerle sus palabras. "Tenemos que aprender a vivir con esta situación y así lo superaremos, nunca se podrá olvidar. He vivido el terror. Hice poner cámaras en mi casa, porque tenía miedo de que tiraran droga al jardín de mi casa. El terror, el miedo, la pena, la sinrazón, el odio... Todo eso te invade y dejas de ser tú", añade.
"Las lágrimas se han acabado. No creía en la justicia. En 2017 ya dije que estaban contaminados", asegura sobre Penalva y Subirán. "Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente", revela Sbert.
Habla también Sbert. "Nuestros padres nos han inculcado unos valores que hemos transmitido a nuestros hijos. El respeto, el compromiso con tu familia y que la Policía, la justicia, los fiscales eran buenos. De pronto nos encontramos en prisión. Aparece San Antonio [dice sobre su abogado] y me dice que no ve ningún delito y que cree que estamos ante la tormenta perfecta: un juez, un fiscal y un periódico que les daba altavoz", afirma. "Yo he perdido mi trabajo. Destruyeron las empresas que construimos con el señor Cursach. Estoy arruinado, pero absuelto. El que más alegre estaba de estar ante la Justicia era yo. Nosotros no hemos hecho daño a nadie", asegura.
Habla ahora Carlos Tomás, otro de los policías absueltos, que carga contra los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional entre lágrimas. También apoya al policía condenado por acosar a Sonia Vivas.
Interviene también Rafael Amengual, otro de los policías absueltos. "Nunca hice nada delictivo. Me buscaba la vida como cualquier otra persona y siempre he mantenido el uniforme limpio", afirma. "A mi padre le prometí que limpiaría el nombre mi familia y ahora creo que por fin lo podré limpiar. Y mi padre, ahí donde esté, lo verá", dice entre lágrimas. "Espero que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado con nosotros. La Policía Local puede volver a llevar la cabeza bien alta", concluye.
La presidenta del tribunal escucha emocionada y secándose las lágrimas las declaraciones de los acusados.
También toma la palabra Jaime Nadal, funcionario del Ayuntamiento de Calvià absuelto. Habla de su paso por el proceso como una "selva oscura". "Como servidor público, ese grupo organizado pretendió arrebatarme lo único que poseo: el trabajo bien hecho y la credibilidad delante del administrado. Se me pretendió arrebatar de cuajo un trabajo de 30 años", afirma. Agradece la labor de los fiscales y de sus abogados.
"Estirando de ese hilo, aquí ha salido ese interés político en vilipendiarnos", añade Franco, que relata las consecuencias personales que ha tenido para él y su familia. "Soy policía desde hace 28 años y estaba cansado de decirles a detenidos que en el juzgado se aclararían las cosas. Hasta hoy había prometido que no volvería a decirlo. Creo que ahora lo podré volver a decir".
Interviene también otro Feliciano Franco, policía que también ha acabado absuelto: "Se nos acusó de cosas que se han demostrado inciertas. Rozaba lo grosero", señala. Acusa al Ayuntamiento de "connivencia" y apunta a la regidora Angélica Pastor. "¿Por qué? Mi opinión es que son ocho años de legislatura de un pacto de progreso que sacó un rédito impresionante de fustigarnos públicamente en la plaza de Cort", sostiene. También defiende a Rafael Puigrós, condenado por el acoso a Sonia Vivas.
Prosigue Torres: "A riesgo de que el tribunal me riña, diré que hoy en día hay un gran profesional en prisión. Rafael Puigrós está condenado por una investigación que hicieron el mismo equipo. Se merece una revisión de su condena".
El otro policía acusado renuncia a la última palabra. Sí lo hace Gabriel Torres, exjefe de la Patrulla Verde que ha sido absuelto. "Todos volveremos a creer en la Justicia y ustedes son los responsables. Hemos pasado siete años y medio muy duros", afirma. Apunta a intereses espurios de uno de los policías que ha sido testigo de las acusaciones. "Vicente Gómez quería mi plaza y la forma ha sido esta", sostiene. "Hubo otro incidente. Un día vino Subirán con un alto cargo del PSOE que tenía un problema de ruidos de aires acondicionados en su casa. Le traté exquisitamente. Le expliqué el procedimiento. Le puse uno de los mejores técnicos en mediciones sonométricas. A los cuatro o cinco meses empezó a llamarme para ver qué había de lo suyo. Apareció en el cuartel y empezó a hacer quejas un día tras otro, diciéndonos de todo. Al cabo de dos semanas, Subirán fue al despacho del intendente jefe Antonio Vera. Estaba fuera de sí. Vera me llamó para que fuera con el expediente. No dijo de todo y cuando salió, nos dijo: 'Soy un perro de presa y cuando muerdo no suelto'". "Yo fui a prisión nueve meses y medio, estuve tres años y nueve meses suspendido de empleo y sueldo y el que hizo la medición estuvo un mes en prisión. Esta fue la mordedura del fiscal".
Gabriel Mayol, uno de los policías aún acusados, hace uso de su derecho a la última palabra: "Creo que volveré a creer en la justicia. Estaba totalmente decepcionado. Yo no lo pasé tan mal como lo ha pasado mi esposa, que es trabajadora del juzgado. Durante toda la instrucción, en los pasillos, los instructores le hablaban de mí. Eso me dolió mucho. Ha tenido que venir a verme a prisión a Palma, a Logroño y a Castellón. Por lo demás, quiero agradecer a la gente que ha trabajado mucho para defendernos y que saliera a la luz todo lo que nos ha pasado. El ministerio fiscal nos han dejado... No sé cómo agradecérselo. Realmente es para quitarse el sombrero".
"El tribunal ha actuado con rigor y escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Me he tenido que emplear a fondo pero lo único que he pretendido es que todo el mundo pudiera defenderse", expone la presidenta del tribunal, Samantha Romero.
Concluye Oliver.
Ignacio Orpí, propietario del histórico local Bluesville de La Lonja entre 1994 y 2012, calificó de «acoso y derribo» la actividad de la Patrulla Verde de la Policía Local contra su negocio a partir de 2004. «Había semanas que venían dos veces a pedir lo mismo sin motivo aparente», explicó. Orpí señaló que tenía todos los permisos necesarios y señaló a dos de los policías acusados, Gabriel Mayol y Josep Mayans como los más asiduos a estos controles. El abogado de los agentes, Gaspar Oliver, puso de manifiesto que ninguno de ellos figura en los expedientes que se abrieron al Bluesville.
El fiscal insistió varias veces en desvincular a Cursach de las supuestas prácticas abusivas, preguntando si el magnate tenía negocios en esa zona y a qué distancia del Bluesville. «El mío era un local de éxito, no se si eso le podía molestar a Cursach», señaló Orpí. Ante la insistencia del fiscal acabó explicando que la competencia no estaba relacionada con la distancia entre negocios, sino «en el horario». «Yo podía abrir hasta las cinco de la madrugada», dijo.
Los dueños de tres locales situados en La Lonja y Cala Major también señalaron a Mayol y Mayans, acusándoles de prácticas abusivas. «Nos obligaban a cerrar a la una, cuando teníamos licencia hasta las tres y media. Venían tres o cuatro veces por semana para hacer las mismas comprobaciones», contaron. Ambos negaron que en ese momento La Lonja tuviera la consideración de zona acústicamente contaminada. Uno de estos testigos señaló que los agentes «venían de paisano, se tomaban una copa y se iban sin pagar». «Estaba acojonado de cobrarle por sus formas y su presión». Ambos narraron que una noche los dos agentes entraron cuando estaba ya la persiana bajada y realizaron comentarios a la mujer: «Me enfrenté a ellos, agacharon la cabeza y se fueron».
