Amnesia en el caso Cursach. Los dueños de un bar que denunciaron haber sufrido diversas extorsiones por parte de varios de los acusados han alegado este martes en el juicio que no recuerdan "nada". En su día explicaron que un grupo de policías locales campó durante años a sus anchas por el local, tomando drogas en compañía de prostitutas. Los agentes les cobraban por no hacerles inspecciones e incluso se llevaron un jamón porque no había dinero en la caja que llevarse. Explicaron la situación a un comisario -martes en el banquillo- que no hizo nada. Todas estas acusaciones han quedado este martes en agua de borrajas ante la desmemoria de los testigos.

La primera en comparecer ha sido la antigua propietaria del local Bésame Mucho, que estaba situado en la calle Joan Miró. La mujer, ya anciana y que camina con la ayuda de una muleta, ha anunciado ya desde el principio que poco iba a aportar. "Perdonadme todos. Yo no oigo, he perdido la memoria y no sé para qué me tienen aquí", ha dicho en cuanto se ha sentado para testificar. Ante sus problemas auditivos, la presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha decidido colocar la silla de la testigo a apenas un metro de las magistradas para que la escucharan bien. "Si nos va a oír, aunque tengamos que desgañitarnos", le ha indicado la jueza Rocío Martín.

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"Visto para sentencia", proclama la presidenta del tribunal, Samantha Romeroi. Después de 36 sesiones a lo largo de cinco meses y medio, concluye el juicio del caso Cursach.

Sbert, a los fiscales: "Creo que su disertación final debería emitirse en los programas de derecho. Deberían hablar de este caso en las universidades de la abogacía. Los que están fuera de aquí no saben lo que ha pasado. Seguimos siendo la mafia, seguimos siendo los malos. Pero ustedes han podido comprobar cómo somos", concluye.

"He estado 20 años a las órdenes de Bartolomé Cursach, hemos creado una empresa con 1.800 trabajadores. A él lo han arruinado y a mí también. Aceptamos la disculpa de todo el dolor que nos han hecho". Se dirige al fiscal Herranz para agradecerle sus palabras. "Tenemos que aprender a vivir con esta situación y así lo superaremos, nunca se podrá olvidar. He vivido el terror. Hice poner cámaras en mi casa, porque tenía miedo de que tiraran droga al jardín de mi casa. El terror, el miedo, la pena, la sinrazón, el odio... Todo eso te invade y dejas de ser tú", añade.

"Las lágrimas se han acabado. No creía en la justicia. En 2017 ya dije que estaban contaminados", asegura sobre Penalva y Subirán. "Estuve a punto de suicidarme. Tenía la mano en la barandilla de un puente", revela Sbert.

Habla también Sbert. "Nuestros padres nos han inculcado unos valores que hemos transmitido a nuestros hijos. El respeto, el compromiso con tu familia y que la Policía, la justicia, los fiscales eran buenos. De pronto nos encontramos en prisión. Aparece San Antonio [dice sobre su abogado] y me dice que no ve ningún delito y que cree que estamos ante la tormenta perfecta: un juez, un fiscal y un periódico que les daba altavoz", afirma. "Yo he perdido mi trabajo. Destruyeron las empresas que construimos con el señor Cursach. Estoy arruinado, pero absuelto. El que más alegre estaba de estar ante la Justicia era yo. Nosotros no hemos hecho daño a nadie", asegura.

Habla ahora Carlos Tomás, otro de los policías absueltos, que carga contra los agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional entre lágrimas. También apoya al policía condenado por acosar a Sonia Vivas.

Interviene también Rafael Amengual, otro de los policías absueltos. "Nunca hice nada delictivo. Me buscaba la vida como cualquier otra persona y siempre he mantenido el uniforme limpio", afirma. "A mi padre le prometí que limpiaría el nombre mi familia y ahora creo que por fin lo podré limpiar. Y mi padre, ahí donde esté, lo verá", dice entre lágrimas. "Espero que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado con nosotros. La Policía Local puede volver a llevar la cabeza bien alta", concluye.

La presidenta del tribunal escucha emocionada y secándose las lágrimas las declaraciones de los acusados.

También toma la palabra Jaime Nadal, funcionario del Ayuntamiento de Calvià absuelto. Habla de su paso por el proceso como una "selva oscura". "Como servidor público, ese grupo organizado pretendió arrebatarme lo único que poseo: el trabajo bien hecho y la credibilidad delante del administrado. Se me pretendió arrebatar de cuajo un trabajo de 30 años", afirma. Agradece la labor de los fiscales y de sus abogados.

"Estirando de ese hilo, aquí ha salido ese interés político en vilipendiarnos", añade Franco, que relata las consecuencias personales que ha tenido para él y su familia. "Soy policía desde hace 28 años y estaba cansado de decirles a detenidos que en el juzgado se aclararían las cosas. Hasta hoy había prometido que no volvería a decirlo. Creo que ahora lo podré volver a decir".

Interviene también otro Feliciano Franco, policía que también ha acabado absuelto: "Se nos acusó de cosas que se han demostrado inciertas. Rozaba lo grosero", señala. Acusa al Ayuntamiento de "connivencia" y apunta a la regidora Angélica Pastor. "¿Por qué? Mi opinión es que son ocho años de legislatura de un pacto de progreso que sacó un rédito impresionante de fustigarnos públicamente en la plaza de Cort", sostiene. También defiende a Rafael Puigrós, condenado por el acoso a Sonia Vivas.

Prosigue Torres: "A riesgo de que el tribunal me riña, diré que hoy en día hay un gran profesional en prisión. Rafael Puigrós está condenado por una investigación que hicieron el mismo equipo. Se merece una revisión de su condena".

El otro policía acusado renuncia a la última palabra. Sí lo hace Gabriel Torres, exjefe de la Patrulla Verde que ha sido absuelto. "Todos volveremos a creer en la Justicia y ustedes son los responsables. Hemos pasado siete años y medio muy duros", afirma. Apunta a intereses espurios de uno de los policías que ha sido testigo de las acusaciones. "Vicente Gómez quería mi plaza y la forma ha sido esta", sostiene. "Hubo otro incidente. Un día vino Subirán con un alto cargo del PSOE que tenía un problema de ruidos de aires acondicionados en su casa. Le traté exquisitamente. Le expliqué el procedimiento. Le puse uno de los mejores técnicos en mediciones sonométricas. A los cuatro o cinco meses empezó a llamarme para ver qué había de lo suyo. Apareció en el cuartel y empezó a hacer quejas un día tras otro, diciéndonos de todo. Al cabo de dos semanas, Subirán fue al despacho del intendente jefe Antonio Vera. Estaba fuera de sí. Vera me llamó para que fuera con el expediente. No dijo de todo y cuando salió, nos dijo: 'Soy un perro de presa y cuando muerdo no suelto'". "Yo fui a prisión nueve meses y medio, estuve tres años y nueve meses suspendido de empleo y sueldo y el que hizo la medición estuvo un mes en prisión. Esta fue la mordedura del fiscal".

Gabriel Mayol, uno de los policías aún acusados, hace uso de su derecho a la última palabra: "Creo que volveré a creer en la justicia. Estaba totalmente decepcionado. Yo no lo pasé tan mal como lo ha pasado mi esposa, que es trabajadora del juzgado. Durante toda la instrucción, en los pasillos, los instructores le hablaban de mí. Eso me dolió mucho. Ha tenido que venir a verme a prisión a Palma, a Logroño y a Castellón. Por lo demás, quiero agradecer a la gente que ha trabajado mucho para defendernos y que saliera a la luz todo lo que nos ha pasado. El ministerio fiscal nos han dejado... No sé cómo agradecérselo. Realmente es para quitarse el sombrero".

"El tribunal ha actuado con rigor y escrupuloso cumplimiento de la legalidad. Me he tenido que emplear a fondo pero lo único que he pretendido es que todo el mundo pudiera defenderse", expone la presidenta del tribunal, Samantha Romero.

Concluye Oliver.

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Romero le ha leído entonces la lista de acusados para ver si conoce a alguno de ellos. No ha reconocido ni siquiera el nombre de un sobrino suyo que está en el banquillo. "¿Estos señores quienes son?", ha preguntado. "Yo no la entiendo, reina de mi vida", ha espetado la testigo cuando la jueza le indicaba que solo debía contar lo que había visto u oído, no lo que hubieran contado otras personas. "Yo hace como cinco o seis años que no tengo el negocio. Mi cabeza no tira. Lo tengo en los papeles del médico para que vea que no le miento. Yo no me acuerdo. Si hice una declaración en aquellos tiempos, yo ahora no me acuerdo de nada", ha dicho la mujer, visiblemente nerviosa.

El fiscal Tomás Herranz ha podido entonces comenzar a preguntarle. "Buenos días", ha saludo a la testigo. "No lo sé si son buenos días. Para usted serán, pero para mí no. Para mí esto es un sacrificio", le espetado la mujer. La anciana, alegando que no recordaba nada, no ha confirmado si algunos policías iban al establecimiento a tomar copas: "Que yo sepa, no. Si venían de paisano...". "De lo que declaré ya no me acuerdo, ahí está el problema", ha dicho. Uno de los abogados defensores ha lanzado varias veces una consigna a sus compañeros para que no hicieran ninguna pregunta a la testigo. Y así ha sido. "¡Aleluya!", ha proclamado la mujer cuando la presidenta del tribunal le ha dicho que ya podía marcharse.

Su hijo también ha asegura tener graves problemas de memoria y no ha confirmado ninguna de las acusaciones que lanzó en su declaración judicial, durante la fase de instrucción del caso. "Ha pasado tanto tiempo... Y luego tuve un accidente de patinete que no recuerdo nada", ha explicado el testigo. El fiscal Tomás Herranz se ha interesado por este siniestro, pidiéndole detalles. "¿Dónde se dio el golpe? Qué día fue el accidente? ¿En qué hospital le atendieron?", ha preguntado. El hombre solo ha acertado a decir que fue "hace seis meses" y que se golpeó "la cabeza". Sobre los hechos, solo ha explicado que en el local "hubo inspecciones". Herranz ha desistido y las defensas no han preguntado nada.

El dueño de Sa Trobada un local de la calle Metge Josep Darder, personado como acusación particular y que exige más de 500.000 euros de indemnización a Cursach, desgranó durante casi dos horas el «acoso» al que fue sometido por las inspecciones «brutales» de la Patrulla Verde durante años, que echaron a perder su negocio con cierres periódicos. Afirmó que tenía todos los papeles en regla, que no había quejas vecinales y que un policía llegó a pedirle dinero para acabar con esos controles, pero incurrió en contradicciones y afirmó que ni siquiera cuando lo identificó en una fotografía en el juzgado «estaba seguro al cien por cien». Narró con detalle otros episodios de supuestamente hostigamiento, pero sin señalar a ningún agente en concreto

El último testigo que pasó este martes por el juicio tenía un local en s‘Arenal. Dijo que sufrió decenas de inspecciones de la Patrulla Verde, que le cerraron el negocio «sin justificación» y que casi siempre acudía un agente al que no identificó entre los que se sientan en el banquillo. Cuando afirmó que su local era «competencia» de Cursach, le preguntaron por su aforo: «70 personas».