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OPINIÓN

La justicia, para quien pueda pagársela

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Juicio del Caso Peaje: primera sesión del juicio por corrupción en la ampliación de la carretera Palma-Manacor B. Ramon

Nunca he visto a un periodista deportivo feliz por la suspensión del partido cuya narración le obligaba a trabajar, y mucho menos conspirando para que el encuentro no se celebre con lo cual se ahorrará quebraderos de cabeza. También los buenos cirujanos disfrutan en el quirófano, no pactan con la enfermedad sino que se baten con denuedo para derrotarla.

Los pactos judiciales de la pereza, con costosas investigaciones llevadas a cabo con fondos públicos y que se desvanecen al iniciarse el proceso, no solo suponen un gasto injustificable sino que niegan el conocimiento de la verdad. Una cosa es la admisión de los delitos con rebajas de pena, y otra la confesión a cambio del perdón.

El Consell de Mallorca ha negociado con corruptos en el escándalo de la carretera de Manacor, según la sentencia promovida por la propia institución. Jactarse del ahorro millonario olvida que una condena penal conlleva sanciones económicas de igual calibre, por lo que decae como sustento del simpático acuerdo.

La reducción de los 154 años de cárcel solicitados en un principio a cero, con cientos de millones involucrados en la transacción, demuestra que la justicia está montada para quien pueda pagársela. Presumir que los poderosos afectados se reservan una parte del negocio no es descabellado, por lo que su potencia económica les permite una victoria en todos los frentes. En plata, salen ganando.

Si las cifras ahora acordadas por el Consell son las correctas, entonces las anteriores eran inaceptables, por lo que la institución estaba obligada a perseguirlas en lugar de felicitarse ahora como lo haría un conductor que respeta los semáforos en rojo. En el único lenguaje que entienden los políticos, pactar con los corruptos de etapas anteriores es una curiosa estrategia de supervivencia, aunque siga la doctrina de la desprotección de las menores tuteladas. El cambalache entre las esferas penal y contenciosa remata la connivencia.

En teoría, la fiscalía representaba a los ciudadanos en este proceso. El ministerio público acredita en Balears pactos numerosos con agresores sexuales, en las últimas confesiones de Matas, en Cursach y ahora en el Consell. Esta es la realidad, la ficción consistió en creerse que el empeño de unos pocos jueces de instrucción, de Anticorrupción y de una parte de la Audiencia definían a Mallorca. Confundir la excepción con la ley también es un error judicial.

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