El Consell de Mallorca cifra en 350 millones de euros el ahorro para las arcas públicas tras el acuerdo alcanzado con Pamasa, la empresa concesionaria de la autovía de Manacor. La institución asegura que frente a los 955 millones de euros previstos inicialmente acabará pagando unos 500 millones. Esta reducción obedece a la rebaja del coste total de las obras y del canon anual que debe pagar el Consell hasta el año 2042 por el volumen de tráfico de la carretera. El pacto judicial, cristalizado hoy en el juicio tras un largo procedimiento iniciado en 2009 y negociaciones de última hora, conlleva penas mínimas para solo cuatro de los trece procesados y la retirada de las tres demandas en las que Pamasa reclamaba más de 45 millones de euros al Consell.
La institución pública ha destacado, en un comunicado tras la celebración de la vista oral, que el pacto ha conseguido "asegurar las condenas por las conductas delictivas más graves" y un reconocimiento del "sobrecoste de la inversión inicial" y una reducción del gasto de conservación y mantenimiento a cargo de la empresa concesionaria. El acuerdo alcanzado entre el Consell y Pamasa rebaja las tarifas que debe abonar anualmente el organismo por cada vehículo que transite por la autovía de Manacor, un mecanismo conocido como 'peaje en la sombra' para financiar la construcción de la carretera.
El contrato firmado inicialmente entre el Consell y Pamasa por la explotación y conservación de esta autovía -uno de los proyectos estrella de la época de Maria Antònia Munar al frente del Consell entre 2005 y 2006- ha sido fuente de varios procedimientos judiciales que quedan ahora zanjados con este pacto.
Inicialmente, el Consell y la fiscalía sostenían que los 13 acusados generaron un perjuicio para las arcas públicas de más de 41 millones de euros con el pago por parte de la institución de un canon indebido y el desvío de materiales de obra de la construcción de la autovía para viviendas particulares de los implicados. Las acusaciones reclamaban inicialmente penas que sumaban 154 años de prisión para los procesados, que han quedado hoy reducidas a la mínima expresión. Los 13 acusados han comparecido esta mañana en los juzgados de sa Gerreria, donde la Audiencia Provincial, mediante un jurado popular, debía enjuiciar los hechos durante más de un mes. La vista oral se ha limitado al reconocimiento por parte de siete acusados de varios delitos de cohecho y fraude a la administración, aunque para tres de ellos se han declarado prescritos.
