El caso Peaje, la trama de corrupción en las obras de construcción y explotación de la autovía de Manacor, acabó ayer con solo cuatro de los trece procesados condenados a pagar multas de hasta 40.000 euros. Un nuevo acuerdo económico entre el Consell y la empresa Pamasa sobre las condiciones de la concesión, fraguado tras largas y discretas negociaciones y firmado in extremis, desbloquea este proceso judicial abierto en 2009 y finiquita además otros tres contenciosos que mantenían abiertos en los tribunales con reclamaciones millonarias.
La Fiscalía y el Consell de Mallorca solicitaban inicialmente penas que sumaban 154 años de cárcel y casi 42 millones de euros por el desvío de fondos públicos en esta infraestructura. Ayer, en la primera y última sesión del juicio que debía celebrarse con un jurado popular en la Audiencia de Palma, redujeron sus pretensiones penales a la mínima expresión. El acuerdo sentencia que el exdirector insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar; el director de obra por parte del Consell, Francisco Orejudo; y el vigilante Gabriel Mestre se concertaron con José Javier Navarro, jefe de producción de la UTE constructora formada por las empresas Melchor Mascaró, Sacyr, Electro Hidráulica, Aglomsa e Itinere Infraestructura. La UTE llevó a cabo importantes reformas en domicilios particulares de los cargos públicos simulando que se trataba de trabajos en la autovía, aunque no se considera probado que estos costes fueran finalmente asumidos por el Consell ni que Pamasa obtuviera a cambio un trato de favor en la supervisión de las obras y los términos de la concesión.
Las acusaciones retiraron así las imputaciones más graves, como las del cobro de comisiones, el perjuicio de casi 42 millones de euros por el incumplimiento de los pliegos del concurso y el pago incontrolado del llamado ‘peaje en la sombra’, el dinero que el Consell abona a Pamasa en función del número de vehículos que transitan por la autovía.
Como establecía el pacto, Aguiar, Orejudo, Mestre y Navarro se declararon ante el tribunal autores de varios delitos de cohecho y fraude a la Administración con la atenuante de dilaciones extraordinarias e indebidas por el retraso en la tramitación del caso, abierto hace más de trece años. Por ellos acataron condenas inferiores a los dos años de cárcel, que en todos los casos se sustituyen por multas y evitarán su ingreso en prisión.
Otros tres procesados quedan también absueltos al concluirse que sus delitos han prescrito. Son el propietario del restaurante es Cruce, acusado inicialmente de ofrecer multitudinarios banquetes gratis a cambio de que le asfaltaran al parking de su negocio, y los responsables de dos empresas que realizaron las reformas en los domicilios particulares de los condenados.
El acuerdo entre las partes implicó además la retirada de todos los cargos contra los otros cinco procesados. Quedan así exculpados el que fuera conseller de Obras Públicas y Carreteras, Antoni Pascual; el gerente de la UTE, Jaime Mascaró; el jefe de obra de la sociedad, Jerónimo Gutiérrez; la pareja de Orejudo y el jefe de seguridad de la obra, Carlos Calafat.
El nuevo acuerdo entre el Consell y Pamasa, firmado ayer mismo por las partes y al que ha tenido acceso este diario, establece en un documento el «restablecimiento del equilibrio económico financiero» del contrato de concesión. El pacto rebaja el canon anual que Pamasa debe recibir en función del tráfico que soporte la carretera y cifra en 153 millones de euros la inversión inicial que la sociedad debe amortizar. Por su parte, la empresa desiste de los tres procedimientos contencioso-administrativos que tiene abiertos en los juzgados contra el Consell de Mallorca.
La concesionaria acepta pagar todas las costas judiciales del proceso
El acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, el Consell de Mallorca, los abogados defensores y la representación de Pamasa incluye que la empresa concesionaria debe asumir todas las costas judiciales del largo proceso del caso Peaje. Según fuentes conocedoras del caso, supondrá un desembolso que ronda el millón de euros.
En esta partida se incluye las numerosas pruebas periciales practicadas durante el procedimiento, entre ellas la que apuntaba a un desvío de 41 millones de euros y que sirvió como base para las acusaciones. Esta prueba ha sido uno de los principales escollos en las negociaciones que se han mantenido durante los últimos años para tratar de alcanzar un acuerdo. En uno de los últimos movimientos del proceso, Pamasa presentó en marzo una querella por delitos de falso testimonio, tráfico de influencias cohecho, malversación de caudales públicos y estafa procesal contra el perito, José Guardiola y un incidente de recusación del perito ante la Audiencia Provincial para apartarlo del juicio. Ambas peticiones fueron desestimadas por los tribunales en las semanas anteriores a la vista oral.
