«Visto ahora en perspectiva, creo que fue un error no aceptar la comisión de investigación sobre menores tutelados». La frase es de la presidenta del Consell, Catalina Cladera, en una entrevista con este diario. No iba mal encaminada Cladera, ya que aceptando dicha comisión se habría cerrado el acoso político que ha acabado con la llegada de una comisión del Parlamento Europeo para investigar la gestión política y empiezan por citar a declarar a la presidenta del Govern, Francina Armengol, y a la propia Catalina Cladera.
La tormenta política por la explotación sexual de menores lleva dos años en pleno candelero en Baleares. Hasta en dos ocasiones se han pedido comisiones de investigación en el Consell por parte de la oposición encabezada por el PP y una en el Parlament. En todas ellas el Pacto de izquierdas las ha paralizado para evitar que tanto Francina Armengol como Catalina Cladera tengan que enfrentarse a lo que ellos tildaron de «circo político con las menores tuteladas». No obstante, la izquierda intentó la pasada semana pasar factura a la oposición sacando los casos de abusos sexuales a menores en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. El PSIB-PSOE y sus socios presentaron una moción en el pleno de la institución insular donde solicitaban una comisión de expertos a nivel nacional con la clara finalidad de sacar los casos de Ayuso en Madrid.
A principios de 2020, para evitar la comisión de investigación primero crearon una comisión de expertos para analizar la situación de los menores en Mallorca. Las conclusiones de esta comisión de expertos fueron interesantes, pero no entraron en dilucidar si había responsabilidad política en la gestión.
Entre los socios del Pacto también hubo sus más y sus menos. Més y Podemos en el Consell de Mallorca no estaban del todo satisfechos de no investigar la gestión. Por ello, decidieron crear una comisión política en el seno del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). En ella pasaron los diferentes directores de menores de las últimas legislaturas, pero se evitó la comparecencia de cargos importantes, como era el caso de Armengol, Cladera o la propia consellera Fina Santiago.
Las conclusiones
La comisión política del IMAS, que durante doce sesiones abordó dieciséis casos de explotación sexual infantil (ESI) en centros de menores tutelados de Mallorca concluyó en abril de 2021 que no hubo ninguna responsabilidad política. Ni tampoco de los técnicos que estaban al cargo de las víctimas en los diferentes centros dependientes del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). «La comisión entiende que no puede determinarse responsabilidad política en la problemática de ESI en sí misma. La responsabilidad de la ESI es del explotador/agresor y es fundamental denunciar y perseguir el delito», afirmó el informe final.
Esta conclusión tan genérica y eludiendo responsabilidades tampoco ayudó a esclarecer lo ocurrido y si a lo largo de las diferentes legislaturas, donde casi todos los partidos han gestionado menores, se ha registró dejadez.
Lo que si está claro es que este escándalo, destapado por este periódico, ha servido para que las administraciones tomen medidas. Es el caso de un centro especializado para menores explotados o mejoras en los protocolos.
