La comisión política del Consell que durante doce sesiones ha abordado dieciséis casos de explotación sexual infantil (ESI) en centros de menores tutelados de Mallorca ha concluido que no hubo ninguna responsabilidad política, ni tampoco de los técnicos que estaban al cargo de las víctimas en los diferentes centros dependientes del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).
«La comisión entiende que no puede determinarse responsabilidad política en la problemática de ESI en sí misma. La responsabilidad de la ESI es del explotador/agresor y es fundamental denunciar y perseguir el delito», destaca un informe de treinta páginas que incluye un amplio abanico de recomendaciones, pero ninguna culpabilidad. «El papel de la comisión no era determinar responsabilidades políticas», ha justificado Antoni Amengual, conseller del Consell de El Pi y uno de los miembros de la comisión.
Fue constituida el pasado 13 de enero con el concurso de los partidos del actual equipo de gobierno del Consell —PSIB, Més y Podem—, más Ciudadanos y El Pi. El PP y Vox se autodescartaron al entender que la comisión no serviría para arrojar luz sobre el escándalo de las menores víctimas de prostitución a cambio de regalos o dinero.
«Ha quedado claro que se trataba de casos aislados detectados entre 2017, 2018 y 2019, que no tenían relación entre ellos y se ha descartado por los intervinientes que ellos mismos formasen parte de ninguna red de explotación infantil», dice el informe.
La comisión se ha remontado a las últimas cuatro legislaturas, entre 2007 y 2020, a lo largo de doce sesiones que se prolongaron durante unas cuatro horas y en las que comparecieron responsables políticos del IMAS y diversos técnicos. Alrededor de 48 horas de intervenciones que han dado como resultado un documento que no explica qué falló para que esos menores tutelados, la gran mayoría chicas, fueran víctimas de explotación sexual en algunas de las salidas que hacían fuera del centro, autorizadas o no.
El informe concede que durante los primeros años analizados «faltó una visión global de la problemática» por la falta de un protocolo específico que no se elaboró hasta 2017. Fue entonces cuando «la mirada cambió» porque antes estos casos se abordaban «genéricamente» como de abusos sexuales.
Los autores del informe defendieron sus conclusiones. «Hay que entender que estas niñas están en un sistema abierto en el que salen y pasan cosas», argumentó la consellera socialista Lorena Oliver.
LAS CLAVES
Sin responsables después de 48 horas de comparecencias
El resultado de 48 horas de comparecencias es un documento de 31 páginas que concluye que no hubo fallos entre 2007 y 2020, ni tampoco responsables políticos o técnicos.
Un «cambio de mirada» con el primer protocolo específico ESI
Hasta 2017, cuando se elaboró el primer protocolo específico de casos de ESI, los técnicos y responsables del IMAS trataban de manera genérica como de abuso sexual los casos que detectaban.
El papel de la sociedad y los medios de comunicación
De puertas hacia fuera del IMAS sí hay responsabilidades, dice el informe. La comisión considera que la explotación infantil debe ser visibilizada y los medios responsables con sus manifestaciones.
