Los jóvenes acabaron sus vacaciones encerrados en el hotel Covid

Lo que se denominó proceso hacia la normalidad se truncó en junio por un incidente que nadie había previsto. Un numeroso grupo de estudiantes procedentes de distintos territorios de la Península decidieron celebrar el final del curso con un viaje a Mallorca. Y como eran jóvenes y ya se habían rebajado las medidas restrictivas, los jóvenes se juntaron en fiestas y en conciertos. La consecuencia fue un macrobrote masivo que no solo se extendió por Mallorca, sino que se trasladó a varias provincias en el momento en el que los estudiantes regresaron a sus casas. Era un momento n en el que los contagios empezaban a controlarse. Y para que no cambiara esta tendencia la conselleria de Salud, a través de su directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, tomó una drástica y polémica decisión. Para atajar este macrobrote se ordenó a la Policía que buscara a todos los estudiantes, que estaban concentrados en distintos establecimientos de la Platja de Palma, para que cumplieran cuarentena, quisieran o no, en el hotel Covid del Passeig Marítim. Llegaron a ingresar unos 300 adolescentes.

Aunque la directora general siguió los consejos de los expertos médicos, su decisión fue más que criticada, debido a que muchos de los jóvenes a los que no se les dejaba abandonar el hotel no habían tenido contacto con los contagiados y se sentían retenidos en contra de su voluntad. No solo indignó a los estudiantes, sino también a muchos padres que denunciaron que el Govern estaba reteniendo a sus hijos ilegalmente en el hotel, pese a que no se podía confirmar que fueran positivos en covid.

Los padres decidieron acudir a los tribunales. Primero presentaron una denuncia en el juzgado de guardia, que fue rechazada. Pero después acudieron a un juzgado de lo contencioso, para atacar y anular la orden administrativa que había dictado la directora general y que justificaba este confinamiento obligatorio. Los padres contaron con el apoyo de la fiscalía, que interpretaba que no era legal mantener a estos adolescentes en el hotel si no se podía demostrar que se habían contagiados. La jueza del juzgado de lo contencioso alcanzó la misma interpretación. La misma tarde que se dictó el auto el Govern no tuvo más remedio que dejar que los estudiantes abandonaran el lugar donde estaban cumpliendo la cuarentena y les dejó regresar a sus ciudades de origen. Y, además, los padres consiguieron que se imputara por detención ilegal a la directora general que dictó la orden. Sin embargo, meses después los propios tribunales rectificaron: el encierro obligatorio respondía a razones de urgencia para defender la salud pública y no se había cometido ningún delito de detención ilegal al retener a los estudiantes.

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