El Govern ha decidido defender en el Tribunal Supremo su decisión unánime de mantener las medidas restrictivas, como por ejemplo el toque de queda, para seguir controlando la pandemia sanitaria. El Ejecutivo quiere rebatir con argumentos jurídicos la decisión de la fiscalía de recurrir la decisión del Tribunal Superior de Balears, que la semana pasada avaló esta decisión política impuesta sin el respaldo jurídico que representaba el estado de alarma.

La fiscalía de Balears, desde el primer momento, ha mantenido una postura unánime. No está conforme en que se impongan estas medidas limitativas, porque interpreta que afectan a derechos fundamentales. Y considera que esta restricción no se puede aplicar sin que estar vigente el estado de alarma.

Ante las diferentes interpretaciones jurídicas que ha provocado este tema, no solo en Balears, sino también en el resto de comunidades autónomas, será el Supremo el que tendrá la última palabra. Es decir, sea cual sea la decisión del Supremo, todos los gobiernos autonómicos tendrán que cumplir la sentencia que se acuerde. 

Precisamente por las dudas jurídicas que suscitaba este tema, el Govern tuvo que buscar el respaldo de los jueces para que se acordara si estas limitaciones se ajustaban a la ley. Hasta la fecha el Ejecutivo de Armengol ha conseguido dos sentencias que vienen a avalar las limitaciones que ha impuesto. Sin embargo, la decisión del Tribunal Superior no ha sido unánime, ya que hay juezas que no consideran legal que se imponga el toque de queda, o que se limite el número de personas que pueden permanecer reunidas. Las dos magistradas se mostraron en contra de respaldar la decisión política, pero se impuso la mayoría. Tres de los cinco jueces que conforman la Sala sí entendían que existía una cobertura legal para imponer estas medidas limitativas de derechos. Los magistrados interpretaron que el derecho a la salud estaba por encima de cualquier otro derecho y que estas limitaciones se imponían con el principal objetivo de controlar los contagios de coronavirus. 

Pero no todos los gobierno autonómicos han conseguido el respaldo judicial que buscaban. Por ejemplo, en Canarias los jueces interpretaron que el toque de queda, además de las otras restricciones, eran medidas que no se podían imponer sin que estuviera en vigor el toque de queda. De hecho, solo en Balears y en la comunidad valenciana se ha logrado esta bendición de los jueces. En el resto de las comunidades autónomas se han anulado todas las medidas impuestas para controlar la pandemia sanitaria. 

Se prevé que la tramitación judicial para resolver este recurso que ha planteado la fiscalía de Balears ante el Tribunal Supremo sea rápida. Se espera que la resolución de la Sala se acuerde pronto y en el caso hipotético de que los jueces den la razón al fiscal, quedaría anulado de forma inmediata el toque de queda, que en estos momentos está fijado de las doce de la noche a las seis de la mañana.

El Govern ha insistido en que su intención es que se realice una desescalada lenta, para poder salvar la temporada turística.