La Oficina Anticorrupción investiga a la dirección del IES Arxiduc Lluís Salvador de Palma, con Margalida Ramis al frente desde hace más de 15 años, para determinar si pueden haberse cometido una serie de irregularidades en un determinado procedimiento administrativo, que incluso podrían ser constitutivas de delito.

La entidad que dirige Jaume Far ya solicitó un informe a la conselleria de Educación el curso pasado y habló con la Fiscalía por este caso, pero antes de decidir si finalmente lo pasa de forma oficial al órgano fiscal quiere recabar más información y tiene previsto requerir más documentación. Así lo confirmaron a este diario fuentes de la Oficina Anticorrupción, a quién acudió un miembro del claustro del centro.

Por otro lado, un profesor tiene abierto un recurso contencioso-administrativo contra la dirección. Durante esta legislatura, este docente acudió en varias ocasiones a la conselleria de Educación a exponer la situación y pedir documentación. Informó a Inspección, que requirió una serie de cambios a la dirección y tras esas modificaciones dio por concluido el asunto.

Ésta es según Educación la única incidencia oficial que tienen registrada (y para ellos ya resuelta) desde que el actual equipo tomó las riendas de la Conselleria en 2015, cuando se nombró jefe de Inspección a Antoni Arbós.

Pero además de este caso, Educación tiene registrada otra reclamación reciente de otro exdocente de este instituto por una posible irregularidad de gestión de la dirección que le afectó directamente. Ahora mismo la reclamación está en manos de la dirección general de Personal Docente y sigue pendiente de resolución.

Además de estos denuncias recientes, hay quejas de profesores transmitidas a Educación que se remontan hasta casi diez años atrás. Por ejemplo, las de una persona que era miembro del claustro y acudió a Inspección con documentos sobre lo que serían graves irregularidades, como la posible manipulación y falsificación de documentos públicos y firmas. Los papeles también señalaban ausencias en apariencia injustificadas (que no constan en la pertinente hoja donde deben quedar registradas las faltas de los profesores y miembros del equipo directivo) de la directora.

Desde Inspección se le dijo que si dejaba allí la documentación «se incluiría en el expediente del instituto», pero no mostraron dispuestos a iniciar ninguna investigación.

Desamparo

«No querían mirarlo», explica esta persona, que aseguró verse en una total situación de desamparo. Más tarde presentó los papeles a un abogado, quien le dijo apreciar indicios de prevaricación pero que algunas cosas habían prescrito y otras lo harían pronto, con lo que no se animó a seguir con la vía judicial: «No quise exponerme si al final no iba a servir para nada».

Volvió a contactar con la persona con la que ya había hablado de Inspección, que de nuevo se desentendió del asunto y declinó investigar: «Me sentí muy sola y lo pasé muy mal, la Conselleria no me ofreció ninguna ayuda».

El actual equipo de Educación aseguró a los medios de comunicación no tener quejas formales contra la gestión de la directora después de la polémica que generó el pasado 8 de noviembre la publicación por parte del Govern (en su cuenta de Instagram) de un vídeo sobre un taller de gestión emocional del instituto. El vídeo generó un aluvión de comentarios negativos por parte de usuarios que se identificaron como alumnos o exalumnos y denunciaron haber recibido un trato autoritario, racista, humillante y/o sexista especialmente por parte de la directora, y la jefa de estudios, Aina Rotger.

La dirección reaccionó a la polémica a través de un comunicado en el que enumeró distintos proyectos educativos que lleva a cabo el instituto. Anunció además su intención de perseguir por la vía penal a las personas que dejaron opiniones negativas al considerarlas difamatorias. El texto lamentaba que tras estos comentarios pudiera haber menores «instrumentalizados».

La directora, según aseguró a la plantilla en un claustro reciente convocado por esta cuestión, ha contactado con un gabinete jurídico. Más allá de los comentarios en la red social, este diario ha publicado testimonios de antiguos estudiantes, profesores y exprofesores que aseguran haber sufrido o presenciado ese trato inadecuado. Los trabajadores hablaron también irregularidades, además de acoso laboral a personal docente y no docente que derivaron en ocasiones en bajas por depresión o directamente en el abandono del centro.

Seis antiguos trabajadores remitieron la semana pasada una carta firmada a este periódico en la que solicitaban la renovación de la dirección y detallaban algunos ejemplos de actuaciones de procedimiento que veían anómalos, de trato vejatorio, acoso laboral y ausencias aparentemente injustificadas por parte de Ramis y Rotger.

Además de su trabajo en el instituto, ambas docentes ejercen también como profesoras asociadas en la Universitat.

Quejas

Las quejas de algunos estudiantes en los últimos años por el trato de algunos profesores no se limitan a los comentarios en redes sociales. En 2016 un grupo de estudiantes presentó un escrito denunciando que un profesor hacía comentarios racistas y denigrantes y les amenazaba y que además incurría en diferentes desconsideraciones (como atender el móvil en clase). Así figura en una sentencia de 2018 del TSJB, órgano al que recurrió este profesor tras ser expedientado y sancionado por Educación en 2017 por ese trato al alumnado; por no haber entregado la programación; y no cumplir con varias de sus funciones docentes (tres faltas que Educación consideró graves). El docente presentó un recurso y el TSJB respaldó las conclusiones de la Conselleria sobre el incumplimiento de sus funciones y la no entrega de la programación, pero rebajó las conclusiones de Educación sobre el trato al alumnado. Respecto a las amenazas y los comentarios racistas, el tribunal consideró que «no estaban lo suficientemente acreditadas», y que «en cualquier caso» no serían ser catalogadas como falta grave como hizo Educación sino que tendrían mejor encaje como «falta leve». Respecto a acciones como quitarse los zapatos, hablar por el móvil o bostezar en clase, la Sala admitió que son «actitudes censurables y más en la persona de un docente» pero sentenció que no podían considerarse falta grave, con lo que ahí sí dio la razón al profesor.