La UIB traslada a un despacho de sa Riera al catedrático condenado por coacciones

La profesora Lucrecia Burges envió un correo electrónico al equipo rectoral el pasado sábado, después de que este diario publicara que la UIB no había acordado aún ninguna medida para garantizar el cumplimiento del alejamiento fijado por esta segunda sentencia condenatoria. Las reuniones del Consell de Direcció se celebran los martes y fue en la de ayer cuando se acordó adoptar esta medida cautelar, en el seno de un proceso administrativo que continúa abierto. La Universitat está pendiente ahora de saber si el condenado recurre o no y por tanto si la sentencia puede considerarse firme, momento en el que empezaría a contar el plazo de dos años de alejamiento.

El catedrático condenado no tiene clases este cuatrimestre, pero sí a partir de febrero. La Universitat no quiere que ambos profesores den clases en el mismo edificio para garantizar esa distancia entre ellos, con lo que sus clases se trasladarían a otra ubicación aún por decidir.

Hoy mismo cuatro profesores de la facultad de Filosofía y Letras de la UIB han elaborado un comunicado para salir en defensa de la compañera Lucrecia Burges Cruz, que fue víctima de un delito de coacciones cometido por el catedrático de la asignatura de ética, Miquel Beltrán Munar. A la vez también critican las declaraciones realizadas por el decano de la facultad, Miquel Deyà, que señalaba que la sentencia todavía no era firme por lo que no aplicaría de momento la medida acordada por los jueces, que ordenaban una orden de alejamiento del catedrático condenado con respecto a la profesora por un periodo de dos años.

Los firmantes de este comunicado son Bernat Riutort, Alejandro Miquel, Tomeu Sales y Joaquín Valdivielso.

En el extenso escrito recuerdan que el pasado día 31 de octubre la Audiencia de Palma dictó la segunda sentencia, por la que se condena al profesor Beltrán como autor de un delito de coacciones a la pena de seis meses de prisión, a la vez que se le impuso una orden de alejamiento durante dos años de la profesora Burges.

Beltrán fue declarado culpable, en julio del año pasado, de un delito de acoso contra la profesora, por el que fue condenado a cumplir un año de prisión y se le impuso la orden de alejamiento durante un periodo de dos años a mantenerse alejado a una distancia de 200 metros de la docente que le denunció. El catedrático recurrió la sentencia y la Audiencia le ha absuelto del delito de acoso laboral, pero ha estimado que los hechos son constitutivos de coacciones. La pena de cárcel ha sido así rebajada de un año a seis meses y se ha mantenido la orden de alejamiento por un periodo de dos años.

Críticas a la UIB

Los cuatro profesores señalan que con las dos resoluciones se dan por probados diversos "ataques verbales, persecuciones e insultos sufridos durante añospor la profesora Burges dentro del ámbito de la UIB, tanto por parte del profesor Beltrán, como de su acompañante". Por tanto, ambas instancias judiciales, según los firmantes, reconocen que la motivación de estas coacciones era la de presionar a la profesora para que dejara de impartir la asignatura de Antropología.

Los firmantes denuncian también que a pesar del largo tiempo que ha pasado desde que se denunciaron los hechos al Rectorado y desde que se dictó la primera sentencia, "ninguna instancia de la UIB se ha pronunciado públicamente ni ha emitido ningún comunicado público, rechazando estos hechos probados, ni apoyando a la víctima". Creen, por tanto, los profesores que no se ha adoptado ninguna medida para proteger los derechos de la profesora Burges, que "a día de hoy todavía ha de sufrir la presencia y exhibición de impunidad del profesor Beltrán en su lugar de trabajo".

"Es él, autor del delito, quien debe cumplir la orden de alejamiento"

Debido a esta situación, los cuatro profesores recuerdan que a día de hoy es la profesora víctima de las coacciones la que no puede acceder libremente en su lugar de trabajo con las garantías suficientes de que no coincidirá con la presencia del profesor Beltrán. "Es él, autor del delito, quien debe cumplir la orden de alejamiento y no la víctima que, en ningún caso, ha de ser impedida o condicionada en su derecho a la libre circulación y movilidad", señalan los firmantes. Cuestionan, sin embargo, que en estos momentos está ocurriendo lo contrario y cuestionan las declaraciones que realizó a este periódico el decano Miquel Deyà, que afirmó que los dos profesores "no coinciden mucho" y que "todas las partes tendrán que cumplir su parte".

Recuerdan los profesores, además, que la UIB tiene "autonomía y capacidad" para abrir expedientes administrativos y proceder a sanciones cautelares o preventivas al margen de las acciones judiciales, "tal como se ha hecho en los últimos años en otros casos, algunos menos graves que el presente".

El comunicado concluye mostrando el apoyo absoluto hacia la profesora Burges "como víctima de conductas delictivas", así como el "rechazo a cualquier acción o declaración que equipare la condición de la víctima y la del autor del delito". Por todo ello, reclaman a la UIB que aplique de forma inmediata las medidas que permitan a la profesora que ha sufrido este hostigamiento para que "pueda moverse libre y tranquilamente por el campus".

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