El juez de instrucción 9, Enrique Morell, ha decidido asumir parte de la querella interpuesta por el PP contra dirigentes de Més en el llamado caso Contratos, una presunta trama de favoritismo con contratos públicos en instituciones gobernadas por Més hacia Jaume Garau, el exjefe de campaña del citado partido ecosoberanista.
Morell ya investigaba, a raíz de una querella de la fiscalía Anticorrupción, a Garau, la exconsellera de Cultura Ruth Mateu y los exaltos cargos del Govern Jaume Gomila, José Ramón Cerdà y Pere Muñoz.
La querella del PP, que también apunta al actual alcalde de Palma, Antoni Noguera, correspondió a reparto al juzgado de instrucción 12 quien la remitió a instrucción 9 al estimar que guardaba relación con el caso Contratos. Ahora el juez Morell ha optado por aceptar la competencia sobre la parte relativa a los contratos que él ya investigaba y devolver el grueso de la querella a instrucción 12, al estimar que versa sobre otros contratos ajenos a su caso.
Morell había denegado por dos veces al PP personarse en el caso Contratos porque en sus escritos no aclaraba cuál era el motivo de ejercer la acusación popular. Ahora se espera que el partido conservador sí pueda ser acusación popular en la causa de instrucción 9 y en la del 12.
El juzgado de instrucción 12, a cuyo frente está Manuel Penalva, tendrá que pronunciarse sobre si acepta la competencia en el grueso de la querella del PP o la rechaza, lo que forzaría a la intervención de la Audiencia para aclarar quién asume el caso. Si se la queda, también tendrá que decidir si la admite a trámite al ver indicios de delito.
En la querella de los conservadores se acusa a Jaume Garau, Ruth Mateu, Jaume Gomila, Josep Ramon Cerdà; Pere Muñoz, Antoni Noguera, presidente del Consell Insular de Formentera, de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude.
Contratos menores
La parte de la nueva querella que ha asumido instrucción 9 trata sobre los contratos menores que las consellerias de Cultura y de Turisme, a través de la Agencia de Turismo Balear, otorgaron, entre 2016 y 2017, a Garau o sus empresas. El texto de la denuncia recoge distintos avatares de los expedientes administrativos de estos contratos muy similares a los ya reseñados por la fiscalía anticorrupción. El PP observa indicios de que se fraccionaron contratos para adjudicárselos a dedo al exjefe de campaña de Més y otras irregularidades.
La parte devuelta a instrucción 12 amplía las sospechas sobre la supuesta trama de favoritismo a Garau a otros contratos adjudicados por el Consorci per a la Música de les Illes Balears, el Patronato de Vivienda y Rehabilitación de Barrios de Palma, la empresa pública Calvià 2000 (perteneciente a ese Ayuntamiento) y el Consell Insular de Formentera. El juez Morell afirma que estos últimos contratos son ajenos a su causa.
Garau, en su declaración ante el juez Morell, negó todas las acusaciones y se definió como un veterano y prestigioso consultor que había trabajado para varios partidos, incluido el suyo (Més) y administraciones de distintos colores. El empresario también explicó que es normal contratar trabajos de campo a unas empresas y usarlos para varios estudios con objeto de ahorrar costes.
