Una jefa de sección de la conselleria de Cultura advirtió similitudes en dos contratos que este departamento autonómica concedió a una de las empresas de Jaume Garau, exjefe de campaña del partido Més. Se trataba de un contrato para realizar encuestas y el otro para interpretarlas, una situación que le llamó la atención y decidió consultarlo con el entonces director general de Cultura, Jaume Gomila. El político le señaló que no existía ninguna similitud entre los dos contratos, puesto que se trataba de dos trabajos que se debían de realizar por separado, es decir, por una parte se debían completar las encuestas y, por otra, interpretar los datos que recogían estas opiniones.

Esta mañana han declarado cinco funcionarios de Cultura y lo han hecho ante el juez Enrique Morell, que está investigando un presunto delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias en la contratación, por parte de las consellerias dirigidas por el partido Mes, a la empresa que dirige Jaume Garau. En este departamento se investigan varios contratos. Uno de ellos era para realizar una encuesta a 1.600 personas para conocer los hábitos de la cultura en Balears. El otro era para realizar el análisis técnico de esta información. El primer estudio tuvo un coste de 21.417 euros y el otro 21.538 euros. Se trataron de contratos directos, sin la necesidad de salir a concurso.

La mayoría de los funcionarios citados a declarar detallaron que no intervinieron en esta contratación, por lo que no pudieron aportar datos sobre un posible trato de favor. La única funcionaria que había intervenido en la contratación de Garau fue, precisamente, la responsable de este departamento, que señaló que había sospechado de un posible fraccionamiento. Por ello, tuvo una conversación con Gomila, que está investigado en esta causa, que le aclaró sus dudas. Por ello, aprobó ambos contratos. La funcionaria explicó los pormenores del sistema de contratación de la conselleria de Cultura e insistió ante el juez que nunca recibió ninguna indicación, en el sentido de que debía beneficiar a las empresas de Garau.

Por otra parte, la abogada del exjefe de campaña de Més, Carolina Ruiz, ha entregado esta mañana al juez varios documentos para sostener su línea de defensa. Se trata de contratos que tuvo la empresa de Garau con otras administraciones públicas, dirigidas por varios partidos políticos, donde también se dividían los proyectos de encuestas y análisis, para demostrar que no existió fraccionamiento de contratos. En la documentación también pretende demostrar la solvencia de las empresas de sus clientes.

En principio, ninguna de las parte tiene previsto solicitar nuevos testigos. El juzgado está pendiente de recibir un informe que se solicitó a Hacienda. La fiscalía deberá decidir, valorando las declaraciones de los imputados y de los testigos, si mantiene la acusación o, al contrario, reclama el archivo del caso.