24 de febrero de 2018
24.02.2018
Sanidad

La empresa investigada por vender alimentos caducados es autorizada a trabajar de nuevo

Funcionarios de Salud Pública constatan que ha subsanado las deficiencias detectadas en la inspección llevada a cabo el pasado 29 de enero

24.02.2018 | 02:45
La empresa Miguel Socias Soler S.L., ubicada en el polígono Can Matzarí de Inca, reanudó ayer tarde su actividad.

El dato

  • Falta de inspecciones en los mercadillos ambulantes
     La directora de Salud Pública, Maria Ramos, apunta al control de los mercadillos ambulantes como uno de los principales déficits de su servicio de seguridad alimentaria. "Pese a que su control es competencia de los ayuntamientos, estos carecen de personal formado para realizar esta tarea. Y nosotros podríamos hacerlo si contáramos con más gente para ello", lamenta.
    Ramos es consciente de que el servicio de seguridad alimentaria de las islas tiene una importante carencia de inspectores, una circunstancia que tan solo les permite visitar cada año a no más del 20% de los establecimientos por lo que, como mucho, cada uno de ellos es inspeccionado con un intervalo de una vez cada cinco años.
    Una regularidad inspectora bastante alejada de las del Reino Unido o Dinamarca, países en los que las visitas de los inspectores de seguridad alimentaria se producen cada año.
    No obstante, Ramos estima que en las islas no sería necesario visitar todos los establecimientos una vez al año. "No vamos a todos, vamos a los que, bajo nuestro criterio, consideramos que tienen más riesgo", diferencia antes de reclamar al Govern más personal para, al menos, acortar la actual periodicidad de los controles.
La empresa de distribución de productos refrigerados Miguel Socias Soler S. L., ubicada en el polígono de Inca, pudo ayer tarde retomar su actividad habitual al levantarle la dirección general de Salud Pública la suspensión impuesta a raíz de una inspección llevada a cabo el pasado 29 de enero en la que se habría detectado un presunto reetiquetado y venta a sus clientes de productos caducados o próximos a caducar.

El juzgado de Inca en el que ha recaído este asunto dictó el pasado jueves un auto en el que comunicaba a la dirección general de Salud Pública que la competencia para levantar la suspensión de la actividad de la empresa era suya pero que se reservaba las actuaciones para investigar un presunto delito contra la salud pública.

Así, tras una visita cursada el mismo jueves por la tarde por dos inspectores de seguridad alimentaria en la que constataron que la empresa habría subsanado las deficiencias, la directora general de Salud Pública, Maria Ramos, firmó ayer el fin de la suspensión de la actividad. Levantamiento que fue comunicado a la empresa a primera hora de la tarde, momento a partir del cual pudo volver a retomar su trabajo habitual.

Ramos corroboró que la empresa "ha subsanado las deficiencias detectadas y ha dado pruebas de que tienen un sistema de etiquetado más seguro que puede garantizar la trazabilidad de los productos. Hemos podido comprobar que todo era correcto".

Productos inmovilizados

La directora de Salud Pública matizó que han mantenido la inmovilización de los productos retirados tras la primera inspección en la que se detectó la presunta manipulación de alimentos caducados. "No los podemos destruir hasta que el juzgado nos autorice a ello ya que podrían constituir una prueba del proceso que se instruirá por estos hechos", explicó.

Sobre la presunta relación familiar de los propietarios de la empresa investigada con la gerente de otra que lo fue hace un par de años por hechos similares (alterar el etiquetado de productos caducados para su venta), la alto cargo confirmó la relación aunque admitió que no podían aplicar el agravante de reincidencia porque ambas empresas, a pesar de estar una al lado de la otra, tenían razones sociales diferentes. "A pesar de que el propietario de la empresa investigada ahora heredó la otra compañía al fallecer su familiar, esto no afecta al expediente actual por tener otra razón social", explicó Ramos

Por último, la responsable de Salud Pública reiteró que el asunto de presuntas manipulaciones de alimentos caducados es un tema que preocupa mucho a su departamento como lo demuestra el hecho de que el año pasado formaran a diez inspectores de seguridad alimentaria para detectar estas irregularidades. "Este año intentaremos acercarnos a las empresas del sector para que sean conscientes de las graves consecuencias que estas prácticas pueden acarrear para la salud de la población", avanzó Ramos.

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