Tal y como estaba previsto, el juzgado de instrucción de Inca en el que ha recaído el caso de la presunta manipulación de alimentos caducados o próximos a caducar para su reventa posterior ha comunicado a la dirección general de Salud Publica que ella es la competente para la levantar la suspensión de la actividad de la presunta empresa infractora, Miguel Socias Soler S.L..
De forma paralela, dos inspectores de seguridad alimentaria visitaron ayer la nave industrial de Inca y levantaron un acta dando fe de que no había anomalías en el etiquetado de los alimentos ni en el almacenaje de productos de próxima caducidad y de que la instalación estaba totalmente parada, con las puertas cerradas y sin aparente actividad laboral en la misma.
Fuentes de la empresa, representada por el abogado Diego Wencelblat, aseguraron que las deficiencias detectadas en la inspección en la que se decidió suspender la actividad de la misma, acontecida el pasado 29 de enero, "han sido subsanadas, por lo que estamos a la espera de que Salud nos autorice a reanudar nuestra actividad".
Diego Wencelblat confió en que el departamento de Salud Pública se reúna a la mayor brevedad posible y que dé luz verde a la reanudación de la actividad de la empresa de distribución de productos refrigerados a la que representa que ha estado parada durante cuatro semanas.
El letrado recalcó que, a diferencia de lo publicado ayer por este diario, "la empresa nunca ha estado cerrada. Tan solo se nos ha suspendido temporalmente la actividad, no existe ninguna resolución judicial que haya cerrado la empresa", diferenció.
Una suspensión que añadió que se ha alargado en el tiempo porque este procedimiento ha pasado por varios juzgados de Inca sin que se determinase cuál de ellos debía asumir este caso.
No obstante, el auto en el que el juzgado comunica a Salud Pública su competencia para mantener o levantar la suspensión de su actividad, diferencia este acto meramente administrativo de los "hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito contra la salud pública".
En relación a la autorización administrativa para que la empresa pueda reanudar una actividad suspendida durante casi cuatro semanas, fuentes del departamento de Salud Pública recalcaron que primero tendrán que revisar el expediente de todo este asunto así como las actas levantadas por los inspectores de seguridad alimentaria antes de decidir si levantan de manera total todas las actividades de la empresa investigada o tan solo algunas de ellas.
