23 de febrero de 2018
23.02.2018
Seguridad alimentaria

Salud admite más casos de reventas de alimentos próximos a caducar

La jefa de seguridad alimentaria revela que tienen otros expedientes abiertos por actuaciones similares que "no son una práctica aislada" en las islas - Un familiar de la empresa investigada ahora estuvo implicada en un caso parecido hace 2 años

23.02.2018 | 14:42
Imagen de la nave de la empresa Miguel Socias Soler en Inca a la que Salud Pública ha suspendido temporalmente su actividad.
El servicio de seguridad alimentaria no quiere facilitar muchos detalles sobre la forma de actuar de las empresas que se dedicarían a manipular y revender alimentos próximos a caducar para no ponerles sobre aviso, pero desde este departamento aseguran que no se trata de "una práctica aislada" en las islas.

"No podemos dar muchos detalles porque en estos momentos tenemos otros expedientes abiertos por esta causa y entre los presuntos infractores se comunican para eludir nuestras inspecciones", revela Margalida Buades, la jefa de seguridad alimentaria.

Sobre la presunta manipulación realizada en la empresa Miguel Socias Soler S.L. de Inca revelada ayer por este diario, Buades concreta que el inspector que descubrió las presuntas prácticas irregulares encontró un producto que le pareció sospechoso en un establecimiento de Palma. Así que preguntó qué empresa se lo había distribuido.

Una vez que conoció el origen del mismo, se personó en la nave industrial del polígono Can Matzarí en un horario no habitual para este tipo de inspecciones y sorprendió in fraganti a operarios manipulando alimentos que estarían próximos a caducar, según el relato de los hechos facilitado por la jefa del servicio.

"Si no los cogemos in fraganti o con la etiqueta manipulada, es una práctica que es muy difícil de detectar y de atajar", admite Buades.

La jefa de seguridad alimentaria explica que, cuando se acaba la temporada turística, muchos hoteles a los que les ha sobrado algún tipo de producto perecedero como la leche, la nata o quesos que no puedan aguantar hasta la siguiente campaña optan por devolverlo a sus proveedores habituales.

"Hubo un intento por parte de estos distribuidores para que Salud Pública prohibiera estas devoluciones, pero nosotros no podíamos hacerlo ya que la posibilidad del retorno está contemplada mientras no se rompa la cadena de refrigeración del producto", revela Buades.

La jefa de seguridad alimentaria se retrotrae a hace un par de años cuando, por la crisis económica, se produjeron muchos despidos de trabajadores del sector que comenzaron a denunciar a la Policía Nacional estos reetiquetados y comercializaciones de productos caducados o próximos a hacerlos por parte de sus antiguas empresas.

Estas denuncias propiciaron una actuación en la que se abrieron expedientes a seis o siete establecimientos de varias localidades de la isla por incurrir en estas prácticas que podrían constituir un delito contra la salud pública que el código penal sanciona, dependiendo de su gravedad, con entre uno y cuatro años de prisión, una multa de seis a doce meses y una inhabilitación para ejercer la misma actividad de tres a seis años.

Relación familiar


Además, se da la circunstancia de que en una de las actuaciones llevadas a cabo en esa época estuvo implicada la empresa Refehisa en la que trabajaba, al parecer como gerente, una persona que en aquellos momentos tenía una relación de parentesco con los propietarios de la empresa de distribución de productos refrigerados investigada en la actualidad.

Una operación en la que dos personas fueron detenidas como presuntas autores de delitos contra la salud pública, estafa y contra el derecho de los trabajadores, tras una operación llevada cabo en dos naves de almacenamiento y distribución de productos alimentarios y bebidas que también estaban ubicadas fisicamente en la capital de es Raiguer.

A los detenidos se les intervino material con el que se alteraba el etiquetado de los productos caducados destinados a una abultada cartera de clientes dedicados a la restauración y repartidos por toda Mallorca.

Maria Ramos, directora general de Salud Pública, confirma que estas presuntas manipulaciones de alimentos caducados o próximos a caducar para prolongar su vida útil es "un tema que nos preocupa desde hace tiempo. Por eso, el año pasado hicimos un curso específico sobre este asunto en el que formamos a diez inspectores para que supieran detectar estas prácticas. Y es que el actual no es el único expediente que tenemos abierto", corrobora.

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