EL juez Castro autorizó ayer a los duques de Palma a vender su palacete de Pedralbes, siempre que todo el dinero obtenido, salvo el dedicado a la cancelación de la hipoteca y a los gastos de la operación, sea destinado a cubrir las fianzas de casi 21 millones de euros que pesan sobre el matrimonio por el caso Nóos. El magistrado dictó un segundo auto donde propina un rapapolvo a la defensa de Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, y a la acusación en nombre de los ediles socialistas de esa ciudad por dilatar el final de la causa con repetidos e innecesarios recursos.
El instructor del caso Nóos aprueba la venta del palacete, la mitad del cual fue embargada por su juzgado en 2013 para garantizar la fianza de entonces 6,2 millones de euros que pesaba sobre Iñaki Urdangarin.
Castro explica que la Ley de Enjuiciamiento Civil prima las fianzas pagadas en metálico, frente a las cubiertas con propiedades inmobiliarias que luego, en caso de condena, son más difíciles de convertir en dinero en efectivo.
Las condiciones para dar el visto bueno a la compraventa son: garantizar que el palacete no se enajena por un precio muy por debajo de su valor de mercado y evitar que el juzgado quede postergado en el destino del dinero.
Precio "razonable"
Un abogado barcelonés ofrece, en nombre de un cliente desconocido, 6,95 millones por la antigua casa-torre de Pedralbes. Castro analiza esa oferta y comenta que parece una cantidad baja, máxime si se compara con el dinero invertido por los duques de Palma en 2004 en su compra y reforma.
Sin embargo, el juez cree que "es un precio razonable", dada la crisis inmobiliaria y las prisas de sus dueños en vender la propiedad, lo que se traduce en depreciaciones.
El magistrado destaca que en la operación no se ha reservado la comisión para la agencia inmobiliaria (normalmente un 5%), lo que habría elevado el precio pagado por el comprador a casi 7,3 millones de euros.
Descartada la trampa, Castro examina el destino que Urdangarin y la infanta Cristina quieren dar al dinero.
De los casi 7 millones los duques calculaban dedicar 1,680 millones a sus fianzas (713.000 Urdangarin y 967.000 doña Cristina), pero el juez les ha obligado a elevar esas consignaciones hasta los 2,372 millones de euros.
Los dueños del palacete adeudan 4,4 millones de la hipoteca de 5 millones que les concedió La Caixa, un gasto que el juez aprueba. Lo mismo sucede con el abono de otros 160.000 euros por plusvalías y gastos de la compraventa.
Lo que el juzgado no autoriza es el abono de otros 437.215 euros a La Caixa por un complejo contrato que Urdangarin y su esposa firmaron en 2010 para mantener constantes los intereses de la hipoteca. El auto explica que ese crédito no es preferente y, por tanto, debe primar la fianza judicial destinada a resarcir a los perjudicados por los presuntos delitos del matrimonio. Lo que tampoco va a poder hacer Iñaki Urdangarin es utilizar 254.000 euros de la venta de su mansión para saldar unas liquidaciones que la Agencia Tributaria le ha hecho por impagos en su IRPF de 2009. Castro señala que tampoco se trata de un crédito preferente, aunque su destino sea la Hacienda Pública.
