La sección segunda de la Audiencia acordó ayer, por mayoría de dos a uno, no imputar a la infanta Cristina en el grueso del caso Nóos, el presunto desvío de fondos públicos a través de un instituto sin ánimo de lucro y presidido por su esposo. Sin embargo, el tribunal ordenó que sea investigada por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, en relación a Aizoon S.L., la consultoría que posee a medias con su marido Iñaki Urdangarin.
La sala segunda de la Audiencia decidió adelantar en casi quince días su fallo sobre la anulación o confirmación del auto de imputación de la duquesa de Palma, dictado el pasado 3 de abril por el juez José Castro. La resolución fue recurrida por la fiscalía anticorrupción y la defensa de la Infanta. La fecha anunciada era el 20 de mayo, pero los magistrados optaron por quitarse cuanto antes la tensión.
El auto formalmente "deja en suspenso" la citación como imputada de Cristina de Borbón y Grecia, pero mantiene abiertas dos puertas: otro posible encausamiento si aparecen, vía nuevos correos electrónicos aportados por Diego Torres, indicios de su implicación y su investigación como supuesta autora de los delitos fiscales y de blanqueo de capitales a través de Aizoon S.L.
La fiscalía anticorrupción y las defensas de los duques de Palma, abogacía del Estado y de Carlos García Revenga, secretario de la Casa Real, pretendían una exculpación plena de la Infanta. No pudo ser.
El tribunal la exonera de responsabilidad en los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias imputados a Iñaki Urdangarin y Diego Torres, el exnúmero dos de Nóos, pero da pie a su imputación por defraudar al Fisco en el impuesto de sociedades de Aizoon y por usar dinero de origen público en la reforma de su palacete de Pedralbes y en otros gastos privados.
"No hay indicios vehementes de que la Infanta conociera, se concertase, ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y su socio (Urdangarin y Torres), tendente a cometer un fraude a la Administración con ocasión de los contratos de colaboración firmados por Nóos con Administraciones Públicas, ni a través de esos contratos apropiarse ilícitamente de fondos públicos", concluye el tribunal.
Dos de los magistrados del tribunal, Diego Gómez Reino y Mónica de la Serna, han dictado el auto mayoritario sobre la hija del Rey. El tercer juez, Juan Jiménez, emitió un voto particular discrepante de sus compañeros.
El tribunal rechaza que la pertenencia de la Infanta a la junta directiva de Nóos, entre finales del 2003 y marzo del 2006, o la inclusión de su nombre y título en un folleto de presentación de Nóos no bastan para imputar a la primera por tráfico de influencias. Ambos hechos son tildados de simples engaños o artificios por parte de los gestores de Nóos (Urdangarin y Torres) para captar clientes, pero sin trascendencia penal. La ausencia de documentos o testimonios, incluidos los correos entregados por Diego Torres, que relacionen a la duquesa de Palma con la gestión o actividades de Nóos también pesa a la hora de exculparla por el grueso del caso.
La fecha clave
No obstante, la sala hace un quiebro en la instrucción del sumario y marca una fecha, marzo del 2006, como la época a partir de la cual la hija del Rey sí pudo haber delinquido.
Según la sección segunda, doña Cristina se apartó de Nóos, junto a su secretario en la Casa Real (y también imputado) Carlos García Revenga, ese mes tras saber que su esposo se prevalía de su posición para conseguir importantes contratos con empresas públicas. La duquesa de Palma, sostiene el tribunal, no podía intuir en esa época que aquellas contrataciones con el Govern balear y la Generalitat de Valencia eran delictivas, pero sí que se desvinculó de Nóos.
En este punto entra en juego Aizoon, la consultoría de los duques de Palma, que recibió cientos de miles de euros de dinero procedente de Administraciones Públicas.
El auto mantiene que debe investigarse, por parte de la Agencia Tributaria y el juez José Castro, si los dueños de Aizoon, Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, cometieron delitos fiscales en los ejercicios 2006, 2007 y 2008. Los propietarios habrían pagado menos impuesto de sociedades por cargar gastos particulares, como la reforma de su mansión de Pedralbes y el salario de sus empleados domésticos, a la consultoría.
La Audiencia dispone que el juez, antes de cerrar del todo la imputación de la Infanta por el grueso de Nóos, pida a Torres los correos que no haya aportado todavía y que no le incriminen. Una vez vistos esos mensajes, Castro decidirá. También se insta al instructor a investigar los posibles delitos fiscales de Aizoon.
