­La Audiencia quiere poner fin a la estrategia que ha mantenido durante toda la investigación del caso Nóos el abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, que ha ido entregando por capítulos una serie de correos electrónicos que comprometen a Urdangarín. Y lo ha hecho cada vez que le ha interesado, en defensa de los intereses de su cliente. Los magistrados de la Sección Segunda sostienen que el juez Castro y el fiscal Horrach debieron "haber puesto fin con anterioridad" a esta estrategia de defensa, porque entienden que no es admisible que sea un abogado el que "marque el devenir de la instrucción".

Para que este tipo de actuación no vuelva a producirse, la Sala ordena al juez que "de inmediato" fije una fecha máxima al abogado de Torres para que entregue en el juzgado todos los correos electrónicos que pretenda utilizar, tanto en defensa de su cliente como en contra de los intereses de otros imputados. El juez Castro deberá advertirle a la defensa que una vez que se cumpla este plazo de entrega no se aceptarán nuevos correos electrónicos, salvo situaciones excepcionales, como la aparición de nueva documentación con la que antes no se contaba. Lógicamente, el tribunal añade que no está obligado a que facilite ningún correo que pueda perjudicar a su cliente, pero le insta a que aporte todos los documentos que todavía guarda.

Desde que estallara el caso Nóos la estrategia del abogado González Peeters ha tenido una doble intención. Por una parte, ha ido aportando documentos para demostrar que su cliente no tomó en solitario las decisiones que se adoptaron en el instituto Nóos, sino que lo hizo convencido de que estas iniciativas venían avaladas por la misma Casa Real, por contar con el asesoramiento del secretario de las infantas, Carlos García Revenga. Y al mismo tiempo, ha querido desbaratar la línea de defensa de Iñaki Urdangarin, que ha cargado toda la responsabilidad de las irregularidades cometidas en Diego Torres, sosteniendo que su actuación se limita a ejercer un papel representativo, pero no ejecutivo.

Pero esta estrategia ha ido mucho más lejos. Ha entregado correos en los que se mencionan incluso al Rey, así como a la infanta Cristina e incluso a Corinna, la aristócrata alemana que se vincula con el monarca. Diego Torres quiere demostrar con esta entrega paulatina de correos que su socio Urdangarin llegó incluso a realizar negocios, no solo en Marivent, sino también en la propia Zarzuela. De esta forma ha sembrado la duda de si el Rey estuvo al corriente de los negocios, incluidos los que se realizaron con las instituciones públicas con las que Urdangarin tuvo relación. Más que datos trascendentes en la investigación del caso Nóos, la entrega de estos documentos ha ayudado a empeorar la imagen no solo de Urdangarin y de la Infanta, sino incluso del propio Rey, porque algunos correos insinuaban que el monarca intentó mediar para que su yerno accediera a determinados negocios. El propio Urdangarin también menciona en uno de los correos que había hablado con el Rey sobre un determinado proyecto y que su suegro se comprometió a ayudarle.

Cada vez que el abogado ha ido entregando estos correos lo ha hecho con una intención concreta. González Peeters los ha ido aportando para evitar que se centrara la atención sobre su cliente, sobre todo cuando en la investigación se ha descubierto algún dato que ha perjudicado al exsocio de Urdangarin. Pero también ha conseguido con esta estrategia que la atención se centrara en una serie de personajes, como es el caso de Corinna, cuyo nombre apareció en uno de los correos porque fue una de las invitadas al evento que se celebró en Valencia. Que el nombre de esta mujer apareciera relacionado con la trama Nóos, aunque fuera de una forma muy indirecta y sin ninguna relevancia delictiva, provocó inmediatamente una crisis en la imagen pública de la monarquía.

Lo que nadie puede poner en duda es que Diego Torres ha sabido guardar muy bien estos documentos. Aunque se han revisado a fondo todos los archivos informáticos del instituto Nóos y de sus sociedades pantalla, no se localizó ninguno de estos documentos.

El tribunal entiende que esta orden de que no se le aceptaran más correos si no los entrega antes de la fecha límite que va a fijar el juez, no supone más que un límite "razonable" al derecho de defensa de Diego Torres.