Una decena de casas se han demolido en el último año por infringir la ley

I. MOURE PALMA ­El principal árbitro que vela por el cumplimiento de la ley en materia de suelo, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca, ha dictado durante el último año 33 órdenes de demolición. En este mismo periodo, ha ejecutado 10 derribos, cuyos expedientes se remontan a varios años atrás.
La mayoría de estas operaciones (6) las han llevado a cabo los propios propietarios, que son los que están obligados a asumir el coste económico de la orden, mientras que las otras cuatro demoliciones han sido ejecutadas de forma subsidiaria por el organismo insular. Después, eso sí, se le pasa la factura al dueño para que no eluda sus responsabilidades.
Estos cuatro derribos se han hecho en Alaró, en Campanet y en las dos casas de Llucalcari (Deià) que aún seguían en pie, según la información proporcionada por la conselleria de Territorio en el último pleno de la institución insular, una documentación que analiza el periodo que va del uno de agosto de 2011 al 26 de julio de 2012.
Además, está en marcha el proceso para derribar dos construcciones en Pollença. La Agencia informa de que ya se ha pedido tanto la licencia de obras al Ayuntamiento de la localidad como la autorización de entrada a la propiedad, un permiso que debe dar el correspondiente juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Tipología de las infracciones
Una de las infracciones urbanísticas más frecuentes con las que tienen que lidiar los técnicos de la institución insular son las construcciones de viviendas en parcelas de suelo rústico a pesar de que no cuentan con la superficie mínima necesaria. Un límite que está fijado en 14.000 metros cuadrados, límite que en algunos casos puede ser variado por los ayuntamientos. El objetivo de esta restricción consiste en evitar la colonización del suelo rústico, entendiendo como tal la proliferación de viviendas en parcelas de pequeñas dimensiones.
Otro tipo de irregularidad muy común es la construcción de residencias en zonas protegidas, ya sea en ANEI (Área Natural de Especial Interés) o en ARIP (Área Rural de Interés Paisajístico).
Entre enero y septiembre de 2011, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y Territorial de Mallorca había tramitado 57 expedientes de demolición y ejecutó en este mismo periodo cuatro derribos.