El juzgado de Instrucción 2 de Inca ha tomado declaración estos días a todos los implicados en el caso de un presunto delito de prevaricación durante la construcción de un edificio de viviendas de la calle Pere Rosselló de Alaró, cuya ejecución acabó invadiendo suelo público.
Los imputados son los responsables municipales que gobernaban durante la tramitación del expediente de obras €el actual alcalde, Joan Simonet (PP), que era responsable de urbanismo al comenzar la edificación, y su antecesor, Miquel Deyà (PSOE)€, los técnicos municipales y el constructor. La querella fue presentada por otro empresario de la localidad, que desde hace siete años viene denunciando que el edificio es ilegal al invadir doce metros cuadrados de vía pública.
El edificio comenzó a construirse en 2002, pero a los pocos meses el aparejador municipal detectó que los muros se excedían, invadiendo la calle, por lo que se ordenó la paralización de las obras. A los pocos días y por indicación del entonces concejal de obras, Joan Simonet, se permitió continuar la actividad al entender que los errores se habían subsanado.
En 2006, el pleno del ayuntamiento presidido por Miquel Deyá aprobó por unanimidad poner fin al conflicto acordando la venta al promotor de los doce metros de calle invadidos a cambio de 19.000 euros. A pesar de ese teórico punto y final, un año después el consistorio de Alaró inició un expediente sancionador al constructor, que al poco tiempo fue retirado y meses más tarde se ha vuelto a activar.
Sobre su declaración, Simonet apunta que transcurrió con total normalidad y a preguntas del juez y las partes pudo resumir los detalles de su participación en el proyecto. El actual alcalde de Alaró asegura que en el año 2002 no era alcalde, sino concejal de urbanismo, por lo que no dependía de él la última palabra "y en muchas decisiones no estaba".
Simonet añade que también tuvo que aclarar que no ha sido nunca concejal del equipo de gobierno de Deyà, tal y como afirmaba erróneamente una de las partes, y que su participación directa se limita al periodo 1999-2003 como edil de obras (pacto PP-PSM), y a partir de 2007 ya como alcalde.
Informes del secretario
Por su parte, el exalcalde socialista Miquel Deyà explica que en su declaración judicial apuntó que todos los pasos que realizó como máximo responsable político del Ayuntamiento venían avalados por informes del secretario municipal, favorables a abrir un proceso de desafectación para solucionar el problema.
Deyà explicó en el juzgado de Inca que al recibir la primera denuncia por parte del empresario, en el año 2002, le sorprendió que "de repente" apareciera en el expediente un documento privado fechado el mismo día de la paralización de las obras y firmado por Joan Simonet y el aparejador municipal, en virtud del cual acordaban que la nueva alineación correcta de la calle pasaba a ser la del edificio, y que, por tanto, no existía irregularidad alguna.
