El ayuntamiento de Sóller ha de hacer frente al pago inmediato de la cantidad de 600.000 euros al propietario de lo que debía ser un concesionario de vehículos, en cumplimiento de un auto judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) amenaza al alcalde de Sóller, Josep Lluís Colom, con que, si no satisface la deuda, será sancionado con una multa coercitiva reiterativa de entre 150 y 1.500 euros.
El caso se remonta al año 2003 cuando el Ayuntamiento concedió una licencia de obras para construir una nave que debía acoger un concesionario de vehículos en la zona del Monument.
Poco después de que comenzaran las obras, una denuncia de un particular obligó a la suspensión cautelar de los trabajos y a la revisión de oficio de la licencia que finalmente fue anulada.
El propietario inició entonces un largo proceso judicial que acabó con una sentencia dictada por el TSJB que obligaba al Ayuntamiento a pagar 350.000 euros de indemnización y le obligaba a abonar un total de 500.000 euros para restituir el solar a su estado original.
Versión municipal
Según explicó ayer la concejal portavoz del equipo de gobierno del Consistorio solleric, Catalina Esteva, el municipio ya hizo frente a la indemnización y le queda por pagar el medio millón por las obras de restitución de los terrenos.
Este dinero se ha incrementado en 100.000 euros más por los intereses de demora, manifestó Esteva. Esteva no ocultó el malestar que generó en su momento en el Ayuntamiento que el juzgado diera por buena una valoración del demandante por la que estimaba que los gastos de restitución del solar ascendían a 500.000 euros.
Cabe recordar que el Consistorio presentó al TSJB un proyecto de demolición valorado en 21.500 euros, ya que el municipio aportaba la mano de obra para realizar los trabajos de derribo, aunque el magistrado rechazó esta propuesta, manteniendo el proyecto presupuestado en 500.000 euros.
Póliza de crédito
Ante la premura con la que el magistrado exige el pago del dinero, Esteva señaló que el ayuntamiento deberá recurrir a una póliza de crédito bancaria para satisfacer el abono de los 600.000 euros y evitar que el alcalde sea multado.
En este sentido, el pacto de progreso trabaja también en la confección de los presupuestos para este año que ya recogerán el pago de la indemnización. Las cuentas para 2011 podrían aprobarse la próxima semana, dijo Esteva.
