"El problema es que los familiares y las personas que los compraron se sientan estafados". Para el rector de la Universitat ahí radica el principal problema en lo referente a la presunta estafa gestada en la UIB con la posible venta fraudulenta del Minerval. Y según ha constatado él hablando con varios de ellos "no se sienten así". Llorenç Huguet reveló ayer que se ha reunido con algunos familiares de personas con cáncer que lo compraron y aseguró que "no se sienten engañados". Detalló: "Cuando ven los medios de comunicación puede que sí, pero luego hablando con ellos ves que no".
Así lo señaló el menorquín en la comparecencia parlamentaria solicitada por Podemos y Ciudadanos para que tanto él como el vicerrector Jaume Carot dieran explicaciones sobre los pasos dados por la UIB ante las primeras sospechas de esta posible estafa, que se remontan a cinco años atrás.
Aunque los dos partidos emergentes fueron bastantes duros en el primer turno de preguntas (por la formación morada habló Carlos Saura en sustitución de Laura Camargo y de C's preguntó Olga Ballester), en la segunda ronda el tono bajó considerablemente.
Celebran las explicaciones
Al final los representantes de la UIB salieron del Parlament habiendo recibido el agradecimiento unánime de los grupos por su "transparencia" (aunque Saura no pudo evitar mencionar el informe que criticaba la opacidad en los sistemas de contratación de la UIB que hizo la Síndica de Greuges a raíz de la denuncia presentada por Miquel Comas, compañero de partido en su momento).
El rector no solo dijo que se ha reunido con familiares, sino que incluso indicó que un amigo y compañero suyo de departamento había adquirido el producto, según éste le contó cuando saltó el escándalo: "Lo compró para su madre y me dijo que antes de morir le hicieron un TAC y el glioma había disminuido, no se sentía estafado". Huguet anunció que el próximo mes se reunirá con representantes de la Asociación Española contra el Cáncer en Balears y varios afectados.
Además de recordar la cronología de los hechos, parte de la intervención inicial tanto de Huguet como de Carot se centró en desvincular el Minerval en sí de la presunta estafa y también de la patente a la que renunciaron dos investigadoras en 2014 (en coautoría con el ahora imputado Pablo Escribá). Ambos defendieron la línea de investigación del catedrático, destacando que sus proyectos han sido evaluados y han conseguido financiación en convocatorias competitivas. Precisaron que la patente del Minerval reporta unos 25.000 euros al año a la Universitat.
Respecto a la línea de Escribá sobre el Alzheimer, Carot reconoció que tuvieron que decirle al profesor "que era un tema sensible y se abstuviera de hacer comentarios demasiado entusiastas". En 2014, Escribá había dicho a los medios de comunicación que la molécula contra el Alzheimer en la que estaba trabajando ya se estaba probando en humanos cuando solo tenía permiso para hacerlo en animales. Aquella noticia fue la que llamó la atención de la reina emérita, que pidió visitar el laboratorio: "Evidentemente la UIB aceptó".
Olga Ballester recordó a los comparecientes que, al margen de los posibles buenos resultados del Minerval, "el único hecho real" que se está juzgando ahora mismo es "lo que relatan los familias" sobre "la compra de un producto a cambio de dinero y fuera de ensayos clínicos", motivo por el que considera probada "una falta de rigor" en la Universitat. El rector negó con vehemencia este reproche, aunque sí reconoció a la diputada que como máxima autoridad de la UIB era "responsable de lo sucedido y también de adoptar ahora mecanismos para que no vuelve a pasar". En este sentido, aludió al arranque a partir del próximo lunes de una Comisión de Ética en la Investigación en la UIB.
Desde Podemos, Saura llegó a hablar de un 'modus operandi' de la Universitat de "mirar para otro lado" y, ante lo que dijo Escribá respecto a su investigación sobre el Alzheimer y los ensayos en humanos, se planteó "si puede haber más casos Minerval" en la UIB. Llegó a expresar su preocupación por la posibilidad de que "la UIB se haya aprovechado de la sociedad para hacer negocios oscuros", aunque en el segundo turno de preguntas pareció quedar convencido con las explicaciones del rector sobre que lo sucedido no responde a una manera de actuar .
Josep Castells, de Més per Menorca, quiso saber más sobre el cierre del expediente que mandó abrir Montserrat Casas. Carot indicó que el instructor lo cerró en 2014 concluyendo que "no podía demostrar que se hubiese dispensado este producto en la UIB".
Los otros grupos parlamentarios mantuvieron un tono suave e incluso desde el PSIB Elena Baquero planteó que las instituciones políticas "no deberían meterse mucho" en según qué temas por respeto a "la autonomía universitaria".
Hubo dos preguntas que se repitieron durante la comisión. La primera: ¿Por qué no acudió Huguet a la Fiscalía y Francesca Mas sí? El rector indicó que nadie se digirió directamente a él para denunciar la situación y reiteró que la decisión de denunciarlo en 2016 fue compartida entre Mas y él.
Ante las dudas surgidas por esta cuestión, llegó a decir: "Me arrepiento de no haber firmado la denuncia". Insistió en la idea de que el Consell Social que preside Mas es un órgano de la UIB, así que sacó pecho: "Fue la Universitat quien fue a la Fiscalía, no estaríamos aquí si no hubiéramos actuado".
Otra pregunta clave que ha surgido muchas veces desde el estallido del escándalo es por qué sí se actuó con la segunda carta de Sefa Terrasa (la que llegó a Mas acompañada por sendos escritos de Miquel Fiol y Félix Grases) y no con la primera. El rector reiteró que en la primera ocasión el testigo con el que se reunieron se retractó. La segunda vez Terrasa le dijo a Mas que tenía cinco testimonios. Aunque no se reunieron con ellos antes, ésta vez sí que la denuncia acabó en Fiscalía.
