Alaró reclama al Estado y a los Ordinas que actúen para preservar los restos del castillo

El pleno celebrado el martes en el ayuntamiento de Alaró aprobó por unanimidad una propuesta para solicitar la puesta en marcha de los «mecanismos de protección previstos en la ley de Patrimonio Histórico para garantizar la conservación del castillo», por lo que se interpela directamente al gobierno de España y al Ministerio de Cultura, como propietarios de la mayor parte de los restos históricos, para que realicen las «actuaciones indispensables» en este sentido. 

Por otra parte, a raíz de una enmienda introducida por Més, la propuesta incluye un punto en el que se insta al Consell de Mallorca a «instruir los expedientes pertinentes» contra los propietarios de aquellos elementos históricos sobre los que el Estado no reclama la titularidad, en una referencia a la familia Ordinas, si bien su nombre no se cita de forma explícita en la resolución aprobada. 

Además, la corporación municipal solicita al Consell que instruya el expediente para instar al Estado a conservar el castillo de Alaró tal y como obliga la ley. «En caso de que no lo haga», la resolución «ordena» a la institución insular a ejecutar de forma subsidiaria las actuaciones «indispensables» para preservar, conservar y mantener el Castell d’Alaró tal y como se contempla en el artículo 27.2 de la Ley de Patrimonio Histórico de Balears, que autoriza a las administraciones públicas competentes a ejecutar las actuaciones si estas no son realizadas por la propiedad, que deberá correr con los gastos de la intervención. 

Por último, la propuesta municipal reclama al Estado que «tramite de forma ejecutiva» el expediente de cesión del Castell d’Alaró al Consell de Mallorca «con una dotación económica suficiente para su conservación, preservación y mantenimiento de acuerdo con la ley». Esta cesión, reivindicada desde hace años por el Consell y el Ayuntamiento, no llegó a hacerse efectiva en la pasada legislatura y en consecuencia tampoco se formalizó la compra por parte de la institución insular de la finca privada, propiedad de los Ordinas, que incluso llegaron a colocarla en el mercado inmobiliario por 2,5 millones de euros, cifra muy superior al millón de euros por el que se había tasado la finca de Es Verger.

Situación crítica

Mientras persisten las dudas sobre la titularidad de los diferentes elementos patrimoniales, los restos de la fortificación siguen degradándose de forma imparable. El Ayuntamiento destaca que en los últimos 20 años «se han hecho fuertes inversiones» en el entorno del castillo por parte del Consell y el Consistorio, pero «nunca con la colaboración del Estado». De hecho, «el único espacio que prácticamente no ha contado con ningún tipo de intervención son las murallas y torres de fortificación que dan nombre a todo el enclave», lamenta la institución municipal, que acusa al gobierno central de incumplir varios artículos de la ley de Patrimonio Histórico por la «dejadez en el mantenimiento» y la «nula inversión» en el castillo.

Ya en el año 1997, el Pla de Castells del Consell indicaba que la conservación de las ruinas era «crítica» en diversos puntos.