Muleta, los excavadores del gran agujero

Como era de esperar, izquierda y derecha se intercambian acusaciones a cuenta de la indemnización de Muleta que obligará a rascar las arcas autonómicas más allá del forro. El PP ve ligereza en la desclasificación urbanística aplicada y el PSOE, en este caso concreto, carga sobre Antonio Gómez la responsabilidad de un entente imposible a la luz del PGOU de Sóller. El negocio ha acabado haciéndolo Mathias Kühn. Quedan otras sentencias pendientes sobre desclasificaciones. El vicepresidente Costa cifra en 400 millones lo abonado ya por este concepto por los distintos ejecutivos autonómicos.

Como nadie puede tirar la primera piedra acaban echándoselas unos a otros y de esta manera se producen los grandes socavones en las cuentas públicas, como este de 96 millones a cuenta de lo hecho en Muleta, que obligan a recurrir a disposiciones legales de crédito extraordinario.

La indemnización de 96 millones por Muleta, en el Port de Sóller, equivale a la inversión educativa balear de 2023

Ni siquiera equivalencias de lo que ha ocurrido con la sentencia que se acaba de conocer sirven de estímulo para que los dos grandes partidos asimilen la necesidad de entendimiento sobre las bases elementales de la gestión de territorio y los criterios urbanísticos. Da igual si lo que se debe pagar por Muleta supone más de lo presupuestado para infraestructuras educativas en 2023, solo alcanza el 70% de la recaudación prevista del impuesto turístico y supera las dotaciones que perciben, respectivamente, los consells de Menorca y Eivissa.

Tranquilos, «no vamos recortar servicios públicos», dice el Govern. Solo faltaría, pero de tranquilidad poca porque el gran crédito para tapar el enorme agujero lo pagarán los ciudadanos asumiendo por imposición las ligerezas políticas que no atienden a las consecuencias de las decisiones que se adoptan.

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