Madrid licita la redacción del proyecto de la nueva depuradora de Can Picafort

Uno de los proyectos de infraestructuras en Santa Margalida más ampliamente discutidos, tramitados y recurridos en sede judicial en los últimos años está un poco más cerca de materializarse.

La sociedad mercantil estatal Acuaes (Aguas de las Cuencas de España), del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de la depuradora de Can Picafort -que tratará las aguas residuales de 55.000 habitantes- y el emisario submarino de Santa Margalida.

La compañía finalmente seleccionada para llevar a cabo estos trabajos ha sido la UTE Innovación Civil Española-Proes Consultores, con una oferta de 535.062 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Como recordó el Ministerio en una nota de prensa difundida este martes, la actuación «tiene por objeto garantizar la adecuada depuración de las aguas residuales de Can Picafort y cumplir los parámetros de vertido exigidos para las zonas declaradas sensibles, según la Directiva 91/272 sobre tratamiento de aguas residuales urbanas».

El proyecto consiste en construir una red de colectores que transportará los vertidos desde Can Picafort hasta una nueva estación depuradora ubicada en el margen izquierda del Torrent de Son Real o Son Bauló.

Playa de Son Bauló

Además, se prevé un nuevo emisario terrestre y submarino que conducirá el caudal depurado no reutilizado hasta una zona desprovista de posidonia situada en la bahía de Alcúdia, a 3,5 kilómetros de la playa de Son Bauló, según la información proporcionada por el organismo estatal. De acuerdo a la estimación ofrecida por el Gobierno central, la inversión total de la actuación rondará los 19,5 millones de euros.

Larga gestación

Esta infraestructura, que en su momento fue declarada de interés general del Estado, ha sido objeto de múltiples debates político-administrativos en los últimos años. A finales del año 2021, a raíz de un recurso presentado por el ayuntamiento de Muro, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) vino a dar validez al convenio que había sido anulado por el ayuntamiento de Santa Margalida, presidido por el alcalde Joan Monjo (Convergència), por el rechazo de éste a construir una nueva estación de saneamiento en Can Picafort.