El Supremo dirá si el Govern ha de pagar 91 millones por la urbanización Muleta, en Sóller

El Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso de casación presentado por la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears contra el auto de ejecución de la sentencia que obligaba al Govern a indemnizar con más de 63 millones de euros más los intereses de demora a los promotores de la urbanización de Muleta II, en el Port de Sóller. El Govern se juega pagar hasta 91 millones por incumplir el acuerdo con los promotores.

En marzo del pasado año la Abogacía interpuso un recurso de casación contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Balears estimatorio a la ejecución de la sentencia que daba validez al acuerdo transaccional suscrito entre el Govern y la empresa Birdie Son Vida, propiedad del magnate Matthias Kühn.

Los hechos se remontan al año 2008 cuando el Ejecutivo autonómico, formado por un pacto progresista encabezado por Francesc Antich, aprobó una moratoria urbanística en que se incluyeron los terrenos de la urbanización de Muleta II. Estos terrenos habían sido adquiridos por la empresa de Kühn años antes con la intención de edificar viviendas de lujo.

La urbanización desclasificada ocupa una extensión de cerca de 34.000 metros cuadrados en los que el planeamiento urbanístico permitía la construcción de hasta 33 viviendas unifamiliares. La desclasificación de Muleta propició un litigio judicial que acabó en un acuerdo transaccional ante el juez entre los representantes de Matthias Kühn y el Govern balear, entonces ya bajo las directrices del PP de José Ramón Bauzá.

Acuerdo de 2013

El acuerdo suscrito en 2013 le permitía al Govern liberarse de la demanda interpuesta por Kühn que le reclamaba cien millones de euros por la desclasificación. El acuerdo estaba supeditado a que la administración autonómica revirtiera la la situación urbanística de Muleta para que se pudieran desarrollar las viviendas programadas por la promotora. El Govern lo aceptó quedando recogido en un acuerdo transaccional suscrito ante el tribunal. Pero este acuerdo por el que el Govern reconocía que los terrenos de Kühn pasaban a ser nuevamente urbanizables ni nunca se materializó ni tuvo en cuenta al Ayuntamiento de Sóller.