Los aproximadamente sesenta parques fotovoltaicos que están actualmente en tramitación en suelo rústico de Balears ocuparían una extensión de unos doce kilómetros cuadrados, casi como toda la superficie de la isla de Cabrera, y se sumarían a la treintena de instalaciones de este tipo que ya están operativas en las islas.
Grupos ecologistas como el GOB, Terraferida, APAEMA, Amics de la Terra y SEAE han denunciado este miércoles en Palmanyola el actual «alud» de solicitudes para implantar parques solares en suelo rústico, con una suma total de 300 megavatios (MW), y reclamaron una moratoria para la instalación de estas infraestructuras, además de la activación de una serie de medidas que garanticen una transición energética «no basada en la especulación energética del suelo rústico, adaptada al territorio, democrática y justa».
Las citadas entidades explican que, además de una ocupación «significativa» de suelo rústico, los parques implican la instalación de kilómetros de líneas eléctricas, la apertura de nuevos accesos a las parcelas y la construcción de subestaciones, entre otros impactos sobre la ‘foravila’ de la isla que suponen una «ocupación indiscriminada» de suelos agrícolas por parte de «grandes grupos inversores que únicamente persiguen un interés financiero».
A pesar de que Balears cuenta con la Ley 10/2019 de Cambio Climático y Transición Energética, estas organizaciones advierten de que no existe una «planificación energética y territorial» sobre la implantación de parques fotovoltaicos en las islas, que además pueden ser declarados como proyectos industriales estratégicos en suelo rústico sin necesidad de contar con el interés general desde la aprobación del decreto de medidas urgentes para paliar los efectos de la crisis de la covid-19.
Por ello, reclaman la suspensión de los proyectos (a excepción de los de autoconsumo) que están en tramitación hasta contar con una «planificación efectiva», además de habilitar un trámite de urgencia para la planificación territorial que determine la forma mediante la que puede compatibilizarse el suelo rústico común con las renovables. También proponen que cada isla asuma su propia cuota de renovables y la eliminación de la implantación de energías renovables de la ley de proyectos industriales estratégicos.
Por otra parte, instan a prever la instalación de los parques «sobre cubiertas o espacios degradados», ya que el suelo rústico «tiene un valor incalculable a nivel ecológico» y es un «recurso escaso» que hay que preservar para el uso agrícola y ganadero. Estas entidades subrayan que los parques «provocarán una transformación del paisaje de algunas zonas de elevado valor ambiental y paisajístico».
En este sentido, Jaume Adrover, portavoz de Terraferida, señala que una de las razones que explican el ‘boom’ de nuevos proyectos presentados en su mayoría por grandes multinacionales es la elevada aportación económica del gobierno central (40 millones) para las empresas que apuestan por estos proyectos, algunas de las cuales habrían recibido 1,5 millones de euros como subvención.
Por otra parte, también critica que desde la comisión balear de Medio Ambiente se da el vistobueno de «forma acrítica» a todos los informes que aseguran que la actividad es compatible con la agricultura y ganadería, lo cual «no es cierto», apunta Adrover.
