El Ayuntamiento devuelve a las gasolineras 106.000 euros que les ha cobrado de más en multas

El Ayuntamiento rebaja un 80% la cuantía de las sanciones impuestas a la propiedad de las estaciones de Progrés y Gabriel Alomar, de 34.000 a 7.500 euros

El Consistorio reconoce un error en la valoración catastral del suelo que ocupan

Gasolinera de la Avenida Gabriel Alomar.

Gasolinera de la Avenida Gabriel Alomar. / B. Ramon

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

El Ayuntamiento de Palma devolverá 106.000 euros a la propiedad de las gasolineras de Progrés y de la Avenida Gabriel Alomar en concepto de multas cobradas de más. De este modo, Cort ha estimado un recurso de la empresa en el que advertía de que las sanciones económicas impuestas desde 2023 por desoír la orden municipal de desmantelamiento estaban mal valoradas.

Cort reconoce un error catastral que la pasada legislatura provocó una mala lectura del valor del suelo que ocupan las gasolineras y ha tenido que corregir muy a la baja las multas coercitivas que les impone mientras continúen con su actividad. De este modo, el Ayuntamiento devolverá los importes cobrados de más en varias multas notificadas en junio, julio y agosto.

Cuantificación errónea

Durante ese periodo de tiempo el Consistorio cobró a ambas gasolineras cuatro multas que cuantificó en 34.118 euros cada una. Ahora el Ayuntamiento reconoce que las cuantías tendrían que haber sido de 7.500 euros. Es decir, ha percibido 26.500 euros de más en cada una de las cuatro sanciones.

Se trata de un recorte en el valor de las multas de un 80% que ha obligado al departamento de Hacienda y Gobierno Interior que dirige Mercedes Celeste a echar mano de la calculadora. Cort seguirá notificando estas penalizaciones a la propiedad de las gasolineras mientras sigan operando, pero de una cuantía muy inferior. Especialmente para dos estaciones de servicio que facturan decenas de miles de euros cada día.

En total el Ayuntamiento ha notificado —y cobrado— media docena de multas desde abril a la empresa, Febrer S.A., por no acatar la orden de cese de actividad decretada al no contar con autorización para ocupar el dominio público desde 2008.

Aunque el anterior equipo de gobierno aprobó la imposición de una multa cada ocho días, lo cierto es que el Consistorio no ha podido alcanzar ese listón de notificaciones por falta de recursos humanos.

El Consistorio y la propiedad llevan tiempo valorando la posibilidad de alcanzar un acuerdo que desbloquee un conflicto que ha encallado en los tribunales y que amenaza con alargarse durante muchos años.

La propuesta pasa por ‘indultar’ a la gasolinera de Gabriel Alomar, que continuaría operando algunos años más —y pagando las tasas correspondientes—, a cambio de desmantelar ya la de plaza Progrés, que se levanta en un entorno objeto de un ambicioso plan de reforma y que además tiene abierto un expediente por vertidos en el subsuelo.

La empresa también tiene puesto un contencioso contra ese proyecto de rehabilitación que afecta al barrio de Santa Catalina y que en estos momentos impediría desarrollarlo. En todo caso, está dispuesta a retirarlo en caso de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento.

Multa de ocho millones de euros

Cort espera llegar a un acuerdo que resuelva el conflicto y de paso evitar el hipotético pago de una indemnización de ocho millones de euros, cantidad que le reclamará la propiedad si tiene que desmantelarlas y después obtiene una victoria judicial.

El actual equipo de gobierno reprocha a sus predecesores la incorrecta valoración de las multas coercitivas. Asimismo, critica que utilizara la vía de las sanciones económicas antes de intentar llegar a un acuerdo con la empresa y evitar un hipotético e incierto desenlace en los tribunales.

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