El Defensor del Pueblo pregunta al Ayuntamiento de Palma por qué todavía no ha implantado la Zona de Bajas Emisiones

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado al Ayuntamiento de Palma explicaciones por el retraso a la hora de implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad, una iniciativa de obligado cumplimiento para todos los municipios con más de 50.000 habitantes por una normativa de la Unión Europea.

El Defensor del Pueblo, un organismo dependiente del Gobierno de España, ha iniciado una investigación con el propósito de averiguar por qué el Consistorio se demora con los trámites para definir la futura ZBE, un área en la que la circulación de vehículos estará severamente restringida y que debe ejecutarse antes del 31 de diciembre.

Gabilondo ha enviado su comunicación a la Oficina de la Defensora de la Ciudadanía de Palma que dirige Anna Moilanen, que a su vez ha trasladado a las áreas del Ayuntamiento implicadas, Movilidad y Medio Ambiente. "El Ayuntamiento ya tendría que haber iniciado el proceso para implantar esta medida. Así que el Defensor ha iniciado una investigación de oficio en los municipios que todavía no lo han hecho. En el caso de Cort, solicita que informe de los motivos de esta demora", ha explicado Vicente Rodrigo, funcionario adscrito a la Oficina de la Defensora de Palma que ha comparecido junto con Moilanen en la Comisión de los Derechos de la Ciudadanía.

Las ZBE están pensadas para mejorar la calidad del aire reduciendo las emisiones generadas por la circulación de vehículos. En el caso de Palma, el anterior equipo de gobierno proyectó un área que comprende todo el centro, desde las Avenidas hasta el mar, y que se ejecutaría con fondos europeos. Sin embargo, el nuevo Ayuntamiento solicitó en septiembre al Ministerio de Transportes una prórroga de un año, hasta diciembre de 2024, porque no cree posible implantarla este año. Cort sigue a la espera de una respuesta.

"Los fondos deberán devolverse"

El Defensor del Pueblo lamenta que "no todas las administraciones están actuando con la decisión necesaria". En el caso de Palma, la comunicación de Gabilondo indica que ya se han iniciado los trámites para implantar la ZBE, pero reprocha que "están aún atrasados pese a que afecta a un número importante de ciudadanos".

De este modo, este organismo estatal anuncia que ha iniciado investigaciones en los municipios de más de 50.000 habitantes que no han iniciado los trámites, y en los de más de 300.000 habitantes que, aunque lo han hecho, todavía no han aprobado una ZBE.

El Defensor solicita al Ayuntamiento de Palma que explique por qué se ha demorado en la tramitación, en qué estado se encuentra el procedimiento y cuándo tiene previsto aprobar la ZBE. Y recuerda que estas zonas cuentan con una partida de 1.500 millones de euros con cargo a los fondos europeos, y que no ejecutarlas implicará que "los fondos obtenidos deberán devolverse".