La Defensora de la Ciudadanía de Palma denuncia ante Fulgencio Coll su «intromisión partidista»
Anna Moilanen comparece en una comisión para defender su trabajo junto a Vicente Rodrigo y pide más recursos: «No sé dónde está nuestro límite»
Moilanen y Rodrigo, durante la comisión. / J.B.
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La Defensora de la Ciudadanía de Palma, Anna Moilanen, ha comparecido esta mañana en la comisión de Sugerencias y Derechos de la Ciudadanía para dar cuenta de su gestión y defender la existencia de este departamento que está en el punto de mira de Vox. Y lo ha hecho precisamente en presencia de Fulgencio Coll y acompañada del que fuera su director adjunto, Vicente Rodrigo, destituido hace tres semanas a instancias del partido de ultraderecha «para evitar duplicidades».
«Ha habido una intromisión partidista en el funcionamiento de la Oficina, que lo sepan. La postura de Vox siempre ha sido clara, y me sorprende que estén aquí pero me alegra», ha dicho Moilanen en alusión a una anterior comparecencia en la que los representantes de Vox se ausentaron.
Moilanen ha reclamado más recursos. «Ahora mismo solo somos dos auxiliares, un administrativo y servidora. Se me hace muy cuesta arriba. Tenemos la plantilla completa solo tres días a la semana; si la intención es seguir mermando nuestra capacidad de actuación, no sé dónde estará nuestro límite», ha lamentado. Rodrigo sigue en la Oficina, pero como funcionario raso.
"Alguien decidió ponerla"
Coll ha insistido en que la Defensora incurre en duplicidades. «¿Cuántas capitales de provincia tienen defensor? ¿Qué ha conseguido que nosotros no hubiéramos podido conseguir? En el área de Calidad y Atención Ciudadana ya se atienden quejas, preguntas o felicitaciones», ha destacado.
«Alguien decidió ponerla, y yo tengo el derecho de decir que ese trabajo que hacen, ya se está haciendo en otro departamento. Por tanto, yo no veo ninguna injerencia política», ha indicado el líder de Vox en Palma.
Coll ha señalado asimismo que la Oficina «sí que ha costado dinero, 250.000 euros cuando la reformaron». Rodrigo ha querido aclarar después de la comisión que dicha reforma «se ejecutó en 2008 por decisión de la entonces alcaldesa, Aina Calvo, no por decisión de la Oficina, y costó en torno a 230.000 euros».
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