La empresa propietaria de las gasolineras de las Avenidas y de la plaza del Progreso ha decidido llevar al Ayuntamiento de Palma ante los tribunales, para paralizar la orden de cierre de ambas estaciones de servicio. La sociedad que explota estas instalaciones defiende ante los jueces su derecho a continuar vendiendo combustible, en contra del criterio de Cort, que el pasado día 26 de octubre dio un ultimátum de ocho días para desmantelar ambas gasolineras.
La demanda se ha presentado ante el tribunal contencioso, ya que se pretende anular la decisión administrativa de cierre. La acción judicial se encuentra en sus primeros trámites y pendiente de que sea aceptada a trámite, para posteriormente abrirse el plazo para presentar las pruebas y documentos que se considere. Está por determinar si la presentación de dicha demanda paralizaría de forma inmediata la decisión del Ayuntamiento.
Cort notificó a la empresa explotadora el acuerdo alcanzado por la Junta de Gobierno, en el que se desestimaba las alegaciones presentadas por la sociedad para impedir la desaparición de ambas gasolineras. El Ayuntamiento anunció que procedería al “desahucio administrativo” de ambas instalaciones, alegando que se había declarado la caducidad y la extinción de los títulos que legitimaban ambas concesiones.
La concejala de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Claudia Costa, manifestó en su momento que, con este acuerdo, estas dos gasolineras deben cesar en su actividad dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la notificación, e iniciar los trámites necesarios para el desmantelamiento de estas instalaciones.
El proceso para el desahucio administrativo de estas dos estaciones de servicio se inició en diciembre de 2020, cuando la junta de gobierno acordó iniciar un expediente de recuperación de los espacios de dominio público que ocupan ambas explotaciones.
En julio de 2021, previa desestimación de las alegaciones presentadas, la junta de gobierno requirió al concesionario para que, en el plazo de un mes, "procediera a la desinstalación de las estaciones de servicio y, por tanto, desalojara el dominio público" ocupado. Este acuerdo fue recurrido y, en noviembre de 2021 la junta de gobierno lo desestimó, decisión que, a su vez, fue recurrida ante el juzgado. Con posterioridad, el 23 de febrero de 2022, se acordó declarar la caducidad del expediente de recuperación, que se reinició de nuevo.
En marzo del presente año se inició el expediente de declaración de caducidad y extinción de los títulos que legitimaban las ocupaciones del dominio público y el 29 de abril, tras la desestimación de nuevo de las alegaciones, se declaró la caducidad y extinción de los permisos que legitimaban a la concesionaria a ocupar el dominio público.
Posteriormente, el pasado 3 de agosto, se acordó el inicio del expediente de desahucio administrativo, que fue aprobado el pasado día 26 de octubre tras desestimar las alegaciones presentadas por los explotadores.
Si se ejecuta la decisión del Ayuntamiento de Palma supondría que los empleados que trabajan en ambas estaciones perderían su empleo.
