El Ayuntamiento de Palma da un plazo de ocho días a las gasolineras de la plaza Progrés y Avingudes para que cesen en su actividad

Las gasolineras de la plaza Progrés y de la avenida Gabriel Alomar i Villalonga deberán de cesar en su actividad ocho días hábiles después de que la empresa explotadora, la mercantil Pedro A. Llompart y Antonio Pieras S. A, haya recibido la notificación del acuerdo adoptado en la junta de gobierno del Ayuntamiento de Palma celebrada esta mañana, por la que se desestiman las alegaciones presentadas y se aprueba el "desahucio administrativo" de ambas instalaciones "como consecuencia de haberse declarado la caducidad y la extinción de los títulos que legitimaban las concesiones".

La concejala de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Claudia Costa, ha manifestado que, con este acuerdo, estas dos gasolineras deben cesar en su actividad dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción de la notificación, e iniciar los trámites necesarios para el desmantelamiento de estas instalaciones.

El desmantelamiento efectivo "puede llevar un tiempo"

Ha aceptado que, en el caso del desmantelamiento efectivo y la restitución de la superficie pública afectada a su estado original, "puede llevar un tiempo", puesto que deben presentar un proyecto que debe ser aprobado por Urbanismo.

No obstante, no ha dudado en que la actividad debe cesar a los ocho días de recibir la notificación, aunque no ha querido adelantar cuáles van a ser los pasos que seguirá el Ayuntamiento para hacer cumplir este acuerdo. En cualquier caso, ha manifestado que la vía de los recursos ante la administración municipal se ha agotado, aunque se pueden presentar más por la vía de lo contencioso administrativo, lo que no supone que se paralice el acuerdo, a no ser que lo ordene un juez.

Los trámites del desahucio se iniciaron en 2020

El proceso para el desahucio administrativo de estas dos estaciones de servicio se inició en diciembre de 2020, cuando la junta de gobierno acordó iniciar un expediente de recuperación de los espacios de dominio público que ocupan ambas explotaciones.

En julio de 2021, previa desestimación de las alegaciones presentadas, la junta de gobierno requirió al concesionario para que, en el plazo de un mes, "procediera a la desinstalación de las estaciones de servicio y, por tanto, desalojara el dominio público" ocupado. Este acuerdo fue recurrido y, en noviembre de 2021 la junta de gobierno lo desestimó, decisión que, a su vez, fue recurrida ante el juzgado. Con posterioridad, el 23 de febrero de 2022, se acordó declarar la caducidad del expediente de recuperación, que se reinició de nuevo.

En marzo del presente año se inició el expediente de declaración de caducidad y extinción de los títulos que legitimaban las ocupaciones del dominio público y el 29 de abril, tras la desestimación de nuevo de las alegaciones, se declaró la caducidad y extinción de los permisos que legitimaban a la concesionaria a ocupar el dominio público.

Posteriormente, el pasado 3 de agosto, se acordó el inicio del expediente de desahucio administrativo, que ha sido aprobado hoy tras desestimar las alegaciones presentadas por los explotadores.

Concesión de 1958

Costa ha recordado que la concesión de la ocupación de este espacio público data de 1958 a favor de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos SA (CAMPSA).

Se trataba de una concesión para la realización de unas obras consistentes en instalar en la plaza Progreso y en la entonces avenida del General Primo de Rivera (ahora Gabriel Alomar i Villalonga) "dos grupos de aparatos surtidores para la venta de carburantes líquidos". La anterior concesión estaba sujeta a la condición de que, "al expirar el título, se dejara el pavimento y la parte de jardín afectada en perfecto estado".

En abril de 1959 se acordó una concesión a Pedro A. Llompart Moragues y Antonio Pieras S.A. para la realización de unas obras consistentes en dos estaciones de servicio en las mismas condiciones y localizaciones que la dada a CAMPSA, por lo que la concesión, que era de 50 años finalizó en 2008. Asimismo, Costa ha manifestado que la empresa explotadora no paga el correspondiente canon al Ayuntamiento desde 1985.