La popular gasolinera del final de las Avenidas y las ubicadas en las plazas de las Columnas y del Progrés tienen los días contados. También la situada en la parte de la calle Sant Miquel transitable para vehículos, aunque esta lleva varios años en desuso. Las cuatro estaciones de servicio del centro se hallan desde hace décadas en un espacio de titularidad pública que Cort quiere recuperar porque lo están ocupando ilegalmente. Tal como explicó ayer el portavoz del equipo de gobierno del Pacto, Alberto Jarabo, sus responsables no cuentan con ningún tipo de concesión administrativa y «no pagan tasas ni canon», por lo que el Ayuntamiento procederá a su clausura inmediata tras darles diez días para que presenten las alegaciones necesarias.

La concejalía que dirige, la de Gobierno Interior, les notificará hoy «el proceso de recuperación de oficio del espacio municipal», que en el futuro tendrá diversos destinos. El más inmediato es el de la plaza oficialmente llamada Francesc Garcia Orell, que está previsto que sea reformada junto a la peatonalización de la calle Nuredduna. En el futuro también se remodelará la plaza del Progrés tras la construcción allí de un aparcamiento subterráneo, un proyecto que se ha pospuesto por falta de financiación. Enfrente de la gasolinera de la avenida Gabriel Alomar, en la Porta des Camp, se está ejecutando la última fase de la rehabilitación del Baluard del Príncep y, respecto a la calle Sant Miquel, cuando la estación de servicio sea desinstalada, la vía se recuperará para los viandantes y conductores.

Pese a esta situación irregular, en la que ningún gobierno había actuado antes, el actual equipo no se plantea por ahora sancionar a los responsables. Además de que están en un espacio público sin permiso, Jarabo recordó que «los tanques de combustible están prohibidos cerca de viviendas». Precisamente, la instalación de la gasolinera de las Avenidas en la primera época del PP en Cort fue muy polémica por la proximidad de edificios residenciales y llevó a la movilización vecinal.

Alumbrado público

La junta de gobierno también aprobó ayer los pliegos para el nuevo contrato del alumbrado público de Palma, que asciende a 44,7 millones de euros durante los próximos cuatro años, destinados a mantenimiento e inversiones. La licitación del contrato del área de Infraestructuras se efectuará el próximo año y debe servir para «dar continuidad a las inversiones iniciadas con el objetivo de tener una ciudad más sostenible con la renovación de la iluminación de los barrios, siendo más eficiente, con un menor consumo y adecuándose a la normativa vigente», en palabras del portavoz del equipo de gobierno del consistorio, Alberto Jarabo.