23 de octubre de 2018
23.10.2018
Tribunales

El juez investigará el abandono de uralita en el poblado de Son Banya

El juzgado de instrucción 8 admite a trámite la denuncia de los vecinos por delito medioambiental y contra la salud pública tras los derribos efectuados

22.10.2018 | 21:09
Protesta de vecinos de Son Banya en la plaza de Cort durante el último pleno municipal.
El juez investigará el abandono de uralita en el poblado gitano de Son Banya tras las demoliciones efectuadas por Cort a finales de septiembre, en las que no retiró dicho material contaminante. El juzgado de instrucción número 8 ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por los vecinos por un delito medioambiental y contra la salud pública, tal como informó ayer el abogado de los afectados, Gonzalo Márquez.

Presentaron el escrito ante el juzgado de guardia el pasado 15 de octubre y ahora se ha incoado el procedimiento para aclarar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar del abandono, añadió. Además de la vía penal, la conselleria de Medio Ambiente del Govern anunció la semana pasada que abrirá diligencias al Ayuntamiento y la empresa que gestiona los residuos peligrosos, Adalmo, con el fin de determinar qué ocurrió el 26 de septiembre en Son Banya, cuando se pararon las demoliciones a causa de los disturbios por parte de un grupo de pobladores y se reanudaron esa misma tarde.

Según la versión de los vecinos, una excavadora rompió las placas de fibrocemento –que contienen amianto y son cancerígenas– de las casas que los trabajadores del consistorio estaban derribando. Los trozos de uralita quedaron abandonados en Son Banya, ya que los operarios especializados no los retiraron por la situación de inseguridad existente, por lo que han permanecido allí al alcance de cualquiera hasta que el pasado miércoles Cort ordenó quitarlos con las pertinentes medidas de seguridad, informaron.

Desde la conselleria de Medio Ambiente explicaron que dicho material se dejó precintado y con una etiqueta que advertía de que "respirar el polvo de amianto es peligroso para la salud". De todos modos, los vecinos denunciaron la actuación municipal ante el juzgado de guardia, así como a la Inspección de Trabajo y la Defensora de la Ciudadanía y tienen previsto hacerlo ante el Defensor del Pueblo. Por el momento, el juez de instrucción del número 8 ha admitido a trámite la denuncia por un delito medioambiental y contra la salud pública.

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