Semana ‘horribilis’ en el Obispado de Mallorca

El Consell expedienta a Lluc por la explotación ilegal de la hospedería y la justicia da la razón a las monjas en el litigio por la propiedad del convento de las Jerónimas en Palma. Dos viejos asuntos larvados, heredados por el obispo Tatavull, que confrontan principios e intereses y que se han gestionado con poca visión y escasa sensibilidad. Predicar la palabra de quien expulsa a los mercaderes del templo al tiempo que se comercializan, sin licencia y a precio de mercado, 268 plazas de hotel y viviendas vacacionales enclavadas en el corazón de la montaña sagrada en portales como Booking, agrava la crisis reputacional de la Iglesia. Nadie discute la necesidad, e incluso el deber, de buscar fórmulas que ayuden al sostén de una comunidad envejecida, a su labor social y pastoral, a la conservación de un amplio y sentido patrimonio, que forma parte del acervo cultural de Mallorca. Nadie reprueba el alojamiento en recintos que llevan siglos acogiendo a peregrinos y personas que buscan el disfrute de la naturaleza y remansos de paz. Sin embargo, esa fiebre turistificadora de todos los rincones, que achica los espacios consagrados al recogimiento y a la espiritualidad, destila desmesura en el afán lucrativo y pervierte el pretendido sentido de su existencia. El asunto estalla en un momento de máxima sensibilidad social contra la masificación, donde la Iglesia, en línea con parte de la sociedad mallorquina, opera a la vez de víctima y verdugo. Se queja el prelado de las dificultades para llegar a Lluc a cumplir sus tareas por el colapso viario de la Serra provocado en parte por «la avalancha» de cicloturistas, algunos de los cuales tienen contratada su pernocta en el mismo santuario.

El Obispado de Mallorca pide que se le deje legalizar el hotel de Lluc

La constatación de las irregularidades, adelantada por Diario de Mallorca, también ha aflorado la desidia de la Administración, conocedora de la situación desde hace años e incapaz de desarrollar el reglamento de hospederías, que no ha impedido a otros santuarios operar con licencia. «La ley es igual para todos», ha sentenciado la presidenta Marga Prohens, que acaba de cesar al director general de Transparencia, Jaume Porcell, por su agroturismo ilegal. Todo apunta a que se buscará una vía excepcional para que Lluc siga abierto, ya que, a diferencia de Porsell, el santuario no tiene las plazas compradas, la moratoria sigue vigente y se ha prometido un decrecimiento en el techo turístico. A la complejidad jurídica, se suma el quebranto económico. Las arcas diocesanas se enfrentan a una sanción de hasta 400.000 euros, justo después de haber pagado centenares de miles de euros a una docena de extrabajadores del santuario a cambio de retirar la demanda por acoso laboral y guardar silencio. Un final poco gratificante que obliga al obispo a reconducir algunos aspectos de su gobernanza y de sus entornos. Sin embargo, la diócesis está concentrada en si recurre o no al Supremo la sentencia que le niega la propiedad del convento de las Jerónimas, tras el pleito iniciado por el obispo Salinas. Resulta incomprensible que dos partes de una iglesia que cada domingo pide a sus feligreses que se den fraternalmente la paz no se hablen, ni siquiera por teléfono. Taltavull debería recoger el guante de las monjas, buscar una aproximación y arrimar el hombro para que ese magnífico recinto amurallado, preservado pero inhabitado, cobre vida y se haga realidad el deseo de sus propietarias, crear un espacio cultural y religioso, nada de hotel.

La hospedería de Lluc ya recibió una denuncia en 2022 que el anterior gobierno del Consell no tramitó