Opinión | Tribuna

Derogar derechos es de fachas

Plataforma per la Memòria Democràtica

Plataforma per la Memòria Democràtica / Jordi Sánchez

La ultraderecha siempre miente pero cuando se trata de memoria democrática sus mentiras son más nauseabundas, por tener como blanco al colectivo de víctimas del franquismo con el cual los de su calaña se han ensañado desde hace más de 80 años. Los ultras basan su rechazo a la ley balear de memoria en varios argumentos: que coarta la libertad de expresión, que ataca a la igualdad y que tergiversa la historia. Casi nada. Pero las leyes de memoria no van de eso, sino que tratan de establecer, en la línea que marcan las Naciones Unidas, los derechos de unas víctimas a las que se les ha negado la reparación que se les debe.

Por partes. Es cierto que la ley balear de memoria no les permite decir tranquilamente cosas fachas, como lo de la «última cruzada de liberación». Pero es que la propia Constitución del 78 dice de manera diáfana (art. 20.4 CE) que la libertad para decir lo que uno quiera tiene un límite muy claro: los derechos de las otras personas. Y por eso quieren borrar la ley de memoria, porque protege los derechos de un colectivo que lleva recibiendo vejaciones desde hace tres generaciones.

Lo del ataque a la igualdad es falso. En 1940, acabada la guerra, un nazi español llamado Serrano Suñer, ministro de la Gobernación de la dictadura, aprobó una norma por la cual se le ofrecía reparación a las víctimas de lo que el régimen llamaba «horda roja». Se abrieron fosas, se recuperaron víctimas, se concedieron indemnizaciones a sus familias, y beneficios adicionales como administraciones de lotería o estancos. Hubo multitud de homenajes, calles dedicadas y monumentos. Reparación. Esas familias pudieron hacer su duelo, y salieron adelante con el apoyo de su totalitario estado.

En cambio, los otros… los otros pasaron más de 80 años desaparecidos en cunetas y fosas, con sus familias buscando, callando, temiendo. Sobrevivieron a décadas de miseria, de represalia y de estigma, y la «modélica transición» no les trajo perspectivas mucho mejores. Ante esta situación de desigualdad manifiesta e injusta entre las víctimas reparadas y las no reparadas se crean las leyes de memoria democrática. ¿Por qué les molestan tanto a los ultraderechistas esas leyes?

Pues porque son leyes que superan su marco mezquino y casposo de vencedores y vencidos, de concordia impuesta sin preguntar. Son leyes que no acentúan la diferencia, sino que buscan la igualdad y la justicia, actuando a favor de quien, para vergüenza de nuestra democracia, aun no se ha actuado.

Y para finalizar, la historia. Su planteamiento de la derogación de la ley balear de memoria es fruto de una visión sesgada y torticera, que se basa en argumentos que parecen extractos de un discurso de Franco en la celebración de los «25 años de paz». Se empeñan en hablar de bandos, de agravios, de rojos y azules, o de curas asesinados. Pero es que la ley tampoco va de historia, la ley va del derecho de las víctimas a ser reparadas si aún no lo han sido. Si cualquier familia de víctimas de la represión en zona republicana hubiese solicitado un reconocimiento, o la recuperación de unos restos, y se le hubiera negado, podría sospecharse de parcialidad en la norma o en su aplicación, pero es que no hay reclamaciones porque esas víctimas ya fueron reparadas hace mucho. Por ejemplo, en Menorca un criminal republicano asesinó en 1936 a un cura de Ferreries, Juan Huguet, y su familia al acabar la guerra civil fue amparada, la víctima tuvo homenajes, una calle con su nombre, y la Iglesia lo beatificó. En cambio, en Mallorca los franquistas asesinaron en 1937 a otro cura, Jeroni Alomar, de Llubí, acusado de ayudar a republicanos. Su cuerpo arrojado en una fosa nunca se pudo recuperar, su familia tuvo que callar décadas ante el terror fascista, y hoy en día Alomar permanece casi olvidado. Este es el tipo de desigualdad de trato que pretenden superar las leyes de memoria.

En definitiva, argumentos falsos esgrimidos en 2024 por la ultraderecha para derogar una ley con los votos vergonzantes del Partido Popular, quienes la votaron a favor en 2018, incluido el preámbulo que ayudaron a redactar. Derogarán esta ley porque tienen los números, aunque les falte la razón. Pero lo que no derogarán es la dignidad de las personas. Esa dignidad sobrevivió a Franco, y sobrevivirá al PP y a sus amigos fachas.