Externalizar la burocracia

Aunque los agricultores hayan sido los primeros en alzar la voz masivamente, no es este el único sector afectado por el exceso de carga burocrática

Los agricultores españoles llevan dos semanas movilizándose para hacer oír sus reivindicaciones.

Los agricultores españoles llevan dos semanas movilizándose para hacer oír sus reivindicaciones. / DM

Astrid Barrio

Astrid Barrio

Ala estela de lo sucedido en diversos países europeos, los agricultores españoles llevan dos semanas movilizándose para hacer oír sus reivindicaciones. Se quejan de la competencia desleal que ejercen los productos agrícolas de procedencia extracomunitaria como consecuencia de una exigente y enrevesada legislación europea más preocupada por la agenda ambiental que por la supervivencia del sector primario, a pesar de la vieja PAC.

También lo hacen por la diferencia de precios entre lo que reciben los agricultores, en ocasiones incluso por debajo de los costes, y los cada vez más elevados precios que paga el consumidor final, una diferencia que consideran excesiva por mucho que haya costes de transporte, almacenamiento, embalaje y distribución. Y por último, protestan por la creciente burocratización a la que se ven sometidos por parte de las administraciones, algo que les obliga a dedicar una parte muy importante de su tiempo a estos procesos.

Este, sin embargo, aunque los agricultores hayan sido los primeros en alzar la voz masivamente, no es este el único sector afectado por el exceso de carga burocrática, que en contra de lo que preveía este modelo de organización, no solo no contribuye a la mejora de la eficiencia y la productividad sino que la empeora.

La administración burocrática, a pesar de la carga peyorativa que este concepto tiene en nuestro imaginario colectivo, como muy bien explicó Max Weber, era un modelo de organización y funcionamiento del Estado basado en la existencia de unos procesos estandarizados y tasados, con un fuerte componente jerárquico, que buscaba reducir al máximo la arbitrariedad de los poderes públicos y por tanto el nepotismo y el clientelismo.

Estaba concebido con la idea de aportar seguridad y previsibilidad al administrado y quedaba legitimado por la racionalidad legal. No obstante, la complejidad de los procesos, sobre todo a partir del momento en que el Estado asumió cada vez más competencias, cuestionó la eficiencia del modelo que progresivamente fue suavizando sus rigideces.

Pero los rasgos esenciales del modelo persisten y como consecuencia del proceso de integración europea la carga burocrática que tiene que asumir los administrados ha ido en aumento, dando lugar a un curioso proceso de externalización burocrática. Además, el aumento de la complejidad de muchos de esos procesos, difícilmente asumibles por parte de los interesados —particulares o administraciones públicas— ha generados una floreciente industria de consultoría que ayuda a las pobres damnificados a superar las trabas burocráticas.

Así multitud de empresas privadas se han especializado en ayudar a elaborar, tramitar y gestionar peticiones y proyectos o en ofrecer formación al respecto generando, paradójicamente, una privatización de la gestión administrativa. Curiosa forma de neokeynesianismo basado en incentivar al sector privado con tareas que no solo son propias del público sino su misma esencia.

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