Los límites de la amnistía

La idea de la amnistía está acotada no solo en el territorio de la oportunidad política sino también, e irremisiblemente, del Derecho en vigor. Del español y del comunitario, a pesar de que la pertenencia europea, con todos su condicionantes, no haya sido aún constitucionalizada en España. Y en este sentido, la amnistía se plantea como una herramienta política con la que se quiere zanjar un conflicto asimismo político, una vez que, al menos de forma tácita, quienes lo desencadenaron, reconocen la legitimidad de la Carta Magna y declaran su voluntad de respetarla y de cumplirla en lo sucesivo.

Vistas así las cosas, la compatibilidad con el ordenamiento de una medida de gracia encaminada a desjudicializar una querella política no parece dudosa, siempre que no se salga del ámbito de la propia política y queden excluidos delitos graves contra las personas o crímenes de lesa humanidad. Como es obvio. De hecho, es patente que el verdadero debate que se está produciendo versa sobre la unidad de España y la equidad, es decir, se trata en el fondo de un debate más político que jurídico.

Es evidente que el mundo conservador (no voy a aplicar el concepto fachosfera, muy descriptivo pero poco respetuoso) está utilizando a los jueces para luchar políticamente -de nuevo, el adjetivo- contra la medida, por el procedimiento de atribuir a los futuros beneficiarios de la amnistía, y especialmente a Puigdemont como líder de la intentona separatista, delitos más graves, que de existir comprometerían la versión de que tan solo tuvo lugar el 1-O de 2017 una algarada pacífica. Como es conocido, los jueces Aguirre y García Castellón señalan a Puigdemont como responsables de traición –por sus supuestas relaciones con Moscú para que respaldase la ruptura de Estado español- y terrorismo –ya que los CDR produjeron víctimas y una persona murió de un infarto en medio de una manifestación.

Estas actuaciones judiciales, que podrían calificarse sin demasiada dificultad de lawfare (el papel del juez no es constreñir el proceso parlamentario mientras este se produce), han llevado a Puigdemont a desconfiar del texto pactado de la ley de amnistía, que podría no protegerle, y ha roto momentáneamente la baraja, en espera de poder negociar con el Gobierno no se sabe bien qué…

La posición de Puigdemont es muy delicada porque su propia clientela no entenderá sus dudas cuando está en juego el destino personal de cientos de personas encausadas por el 1-O que, de no mediar la amnistía, tendrán serias complicaciones penales y administrativas. Asimismo, su interés personal tapona una solución generosa para Cataluña, que volvería a quedar bloqueada por una fuerza, Junts, que ya es casi irrelevante (ocupa la quinta posición en el ranking). Puigdemont no puede ignorar que si su trágala frustra el empeño, Junts se convertiría seguramente en una fuerza extraparlamentaria. ERC, cuyo líder ya pasó por la cárcel, está teniendo en este asunto un papel impecable.

En cuanto a la coalición que sostiene al gobierno, ha llegado al límite admisible de la generosidad política. Puigdemont deberá confiar en que la Justicia española y europea aplicarán la media de gracia de acuerdo con el espíritu dela misma y no utilizando interpretaciones sesgadas como las que puedan exhibir algunos magistrados de parte. Y si el expresident no entiende que no es posible tensar más la cuerda, no habrá más remedio que dar por fallido el experimento.

Yerra Puigdemont si piensa que tiene una fuerza sobrehumana porque puede hacer caer el gobierno de la nación. En realidad, es muy probable que si Sánchez da el puñetazo en la mesa y convoca elecciones para liberarse de la irreflexiva presión del nacionalismo catalán ultraconservador, con toda probabilidad conseguirá la confianza de una mayoría de ciudadanos que le permitan continuar gobernando sin necesidad de Junts. Y Junts, como se ha dicho, se arriesga a la extinción.

Conviene recordar que, después de años de considerable desgaste del gobierno progresista, este se mantuvo tras las elecciones de julio porque enfrente estaba la temible opción alternativa de un gobierno PP-Vox con Abascal en la vicepresidencia. Esta situación no ha cambiado. Por lo que ni Puigdemont puede confundirse ni Feijóo entusiasmarse con una expectativa que no tiene fundamento.

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