Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal: A Dios rogando y de las cifras dudando

Mira que se harta de rezar, por tantos motivos, varias horas al día, disciplinado, pero las plegarias esenciales, las de verdad, las de Juan José Omella Omella, Omella al cuadrado, presidente —no califa— de la Conferencia Episcopal, han sido al fin atendidas: salir en esta sección. Tener un Limón y Vinagre, más limón querría él que vinagre, si bien su bula no abarca al periodismo, que a veces es la disciplina que consiste en dejar vivo a quienes deberían ser crucificados y dar voz en la sequía a quienes afirman rotundos que llueve a mares. Todo sea por lograr publicidad de los pantanos. Casi.

Pero no exageremos, que ya saben que a decir de Chesterton, «toda generalización, incluida esta, es una estupidez». No sabemos si Omella lee a Chesterton o si prefiere magrear a otros autores, menos dados a la corrosión, más acólitos, partidarios o de mejor prosa.

La presidencia episcopal es el Senado de los curas, la aristocracia de los divinos en la tierra, el Gobierno de la Iglesia patria, el clan elegido. Omella pertenece también a los que, si ahora se diera el caso, participaría en la elección de un nuevo Papa. Pero este turolense del 46, también arzobispo de Barcelona, está de actualidad a propósito del reciente informe del Defensor del Pueblo, institución capitaneada por Ángel Gabilondo, sobre los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes u otros miembros de la Iglesia. El documento eleva la cifra a 400.000 pero Omella la ve exagerada. No es que quiera escurrir el bulto, que al menos será mejor que magrearlo, pero rebaja la magnitud y gravedad del asunto. Un muerto es un asesinato y 20 millones, una estadística, decía Stalin, y si no lo dijo le pegaría decirlo, si bien era mejor asesino que aforista.

Omella cree que si en lugar de 400.000 fueran, qué sé yo, 100.000 la cuestión sería menos grave. Un solo caso ya sería una inmoralidad. Pero se ve que tiene vara de medir. Así, lo primero que salió de él al conocer el informe no fue el estupor. Fue el silencio. Tardó en pronunciarse. Para decir que le parecían demasiados. Cuántos son pocos, habría que inquirirle.

Omella, que ha coqueteado en alguna época de su vida con ser mediador entre el independentismo y no se sabe quién, hijo de agricultor y costurera, fue ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1970 en Zaragoza. Se ha adaptado mejor a Cataluña que a los problemas de la Iglesia.

El demoledor informe del Defensor afirma que el 1,13% de la población adulta actual (unas 440.000 personas de 38,9 millones de adultos) ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según la encuesta incluida en el informe, con entrevistas a más de 8.000 personas. Casi concluye el estudio que la gran mayoría de los que estudiaron en colegios religiosos tuvieron algún episodio que pudo oscilar entre el abuso continuado y traumático y el simple y esporádico sobe con la mano tonta una tarde de lluvia repasando en una tutoría personalizada, la lista de los reyes godos o el nombre de las provincias de Castilla la Vieja.

Los abusos a menores por parte de curas han ocurrido siempre y tienen para no pocos el aroma al pasado rancio, franquista, mostrenco, con olor a pueblo, tonsura y linimento. Pero son también cosa de ahora, de estos tiempos de Instagram, inteligencia artificial y porno de cualquier clase a la mínima distancia de un clic.

La Iglesia tiene un grave problema. No importa cuándo lea esto. Ha sobrevivido 2.000 años y seguirá haciéndolo, ya sea afrontándolo u ocultándolo. Tan injusto es generalizar, sí, la mayoría de los curas están a la altura moral que se espera de ellos, como negar que las manzanas podridas en su seno son legión, dan para montar una cadena de sidrerías.

Juan José Omella, culto, inteligente, apegado a las tradiciones aragonesas, muy papista, ha seguido en parte esa doctrina de negar o minimizar o retrasar la asunción de responsabilidades. Tal vez esperan a que escampe. Mejor sería que leyeran el informe completo, que hace de España un país mejor, como dijo Pedro Sánchez. Informe que contiene recomendaciones para evitar abusos y para reparar de alguna manera a las víctimas. Cuyos casos raramente llegan a juicio. Así ha sido siempre.

Suscríbete para seguir leyendo