Amnistía = 86.800 millones de euros

Desengáñese querido lector. Quienes la negocian nos están desenfocando la discusión con que si la amnistía de los encausados en el Procés es constitucional o no lo es; con que si la exposición de motivos de la futura ley orgánica incluirá o no un acatamiento de los amnistiados a la Constitución… Son, claro está, cuestiones sumamente importantes. Pero ninguna de ellas centra la discusión de quienes están negociando la contrapartida a cambio de los votos independentistas en la sesión de investidura.

La verdad es otra. Y es dinero. Como en casi todas las cosas. Dinero. Y lo va a tener que pagar Vd. y yo, y todos: Unos reclaman 450.000 millones de euros; y otros contraofertan 86.800 millones de euros. En ambos casos, una cifra exorbitada. Me explico.

El borrador de la ley con seguridad está ultimado. Todos los negociadores se han confabulado para mantenerlo en secreto y sin filtraciones. Silencio absoluto. Tanto por parte de los negociadores del Gobierno, Félix Bolaños y Santos Cerdán; como por parte de Carles Puigdemont y Toni Comín o Jaume Asens. Nadie suelta prenda. Hablan de conciliación, de cerrar página, de convivencia, de reparación histórica…

¿Por qué tanto silencio si quienes la propugnan sostienen que se trata de una medida que hace de la necesidad virtud? ¿Por qué entonces no se explayan en enumerar las ventajas de la amnistía en defensa del interés de España y la convivencia entre los españoles?

Y la respuesta es «dinero». La investidura tiene un precio económico más allá de la amnistía.

El 18 de septiembre pasado, Junts per Catalunya presentó en el Parlament un informe en el que cifraba la «deuda histórica» de la Generalitat con el Estado en 450.000 millones de euros. Apenas un mes después, María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, lanza el mensaje de que «uno de los problemas del actual sistema que procede abordar es que la deuda es asimétrica» porque Cataluña debe al Estado 73.110 millones de euros a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) con un tipo de interés creciente. Es la partida más cuantiosa de la deuda total de Cataluña que asciende a 86.800 millones de euros. ¿Le suena al lector por dónde van unos y otros?

La clave de la negociación es que la Generalitat no quiere pagar su deuda; quiere que se la «condonen». Pero claro está, las deudas no se condonan porque los acreedores pretenden cobrar sus créditos. Lo que de verdad pretenden los negociadores por Cataluña es que esa deuda la pague el Estado, es decir todos los españoles. ¿Cómo? Pues de la única manera posible: o bien aumentando los impuestos o bien desviando a la Generalitat fondos originariamente destinados a otras comunidades autónomas.

Este es el motivo del silencio. Y el silencio se mantendrá hasta mucho después de que la Ley orgánica de Amnistía sea aprobada en las Cortes. Hasta cuando haya sido digerida. Solo entonces se darán a conocer estos acuerdos económicos que hoy se mantienen en silencio. El motivo es obvio: la opinión pública no parece mayoritariamente favorable a la amnistía; pero esa oposición se dispararía si hoy se diese a conocer su precio. Incluso los más proclives fruncirían el ceño si se les anunciase que les va a costar el dinero de su bolsillo, es decir la cuota que resulte de dividir 86.800 millones por el número de contribuyentes a la Hacienda Pública.

A cambio, hasta que la «condonación» sea efectiva, veremos cómo los partidos independentistas catalanes mantendrán un perfil bajo en sus reclamaciones sobre la autodeterminación y la convocatoria de un referéndum. ¿Qué menos por 86.800 millones de euros?

Dentro de unos meses, tras la aprobación de la amnistía, se esgrimirán poderosos argumentos en favor de la «condonación» de la deuda pública de la Generalitat. Algunos serán reiterativos: la convivencia, la restauración del diálogo… Pero el principal será el desequilibrio entre la contribución de la Generalitat a la Hacienda común y el gasto del Estado en Cataluña. Por supuesto el desequilibrio entre esas dos magnitudes siempre afecta a las comunidades más ricas para atender las necesidades de las más pobres. Los partidos nacionalistas e independentistas surgen en comunidades con un alto producto interior. No hay independentismo en las comunidades autónomas pobres.

Solo entonces, las autonomías menos favorecidas se opondrán y argumentarán la solidaridad interterritorial. No les valdrá de nada. En el programa de gobierno que la coalición PSOE-SUMAR presentaron días atrás invocaron la solidaridad para anunciar un aumento de la presión fiscal en los tramos más altos de los impuestos. Ese mismo argumento no valdrá para reclamar la solidaridad de Cataluña con las comunidades autónomas más necesitadas.

Y hete aquí mi disgusto. Yo quisiera que se me explicase todo lo que se me niega conocer: el texto del proyecto de ley de amnistía, el contenido de la exposición de motivos, los términos de la negociación a partir de lo exigido por unos y pactado por otros… Y, las claves económicas de cómo la Generalitat va a atender su deuda con el Estado. Con luz y taquígrafos. Y si se me explicase, yo podría formar mi opinión con todos los fundamentos. Pero se me está negando mi derecho a ser ciudadano informado. Y se me oculta para que ignore el precio que tendré que pagar por ese acuerdo de investidura.

En resumen: el dinero. ¿O cree el lector que soy demasiado malpensado?