Regresa la cuestión territorial

La cuestión territorial ha estado presente en la estabilidad política y en la gobernabilidad de este país de forma permanente. La existencia de los nacionalismos democráticos catalán y vasco, ocultos durante el régimen anterior, condicionó decisivamente la Constitución, que adoptó una forma cuasi federal, algo artificiosa pero funcional. La pervivencia de ETA hasta bien entrado el actual milenio ha dificultado el proceso político, ha retrasado la definición pacífica definitiva de nuestro modelo territorial y ha abierto heridas que todavía no se han cerrado y que, en cierta medida, se han superpuesto a las que aún supuraban desde la guerra civil.

Además, los partidos nacionalistas periféricos han terminado condicionando a los gobiernos minoritarios al menos desde 1993: tras aquellas elecciones, González tuvo que pactar con Pujol la continuidad del PSOE en el poder, y fue el presidente de la Generalitat quien en 1996 provocó la convocatoria anticipada de elecciones. Aznar, ganador por la mínima, consiguió formar gobierno tras pasar por las orcas caudinas de una Convergència que había sido humillada por Génova y que obtuvo un ostentoso botín en el pacto del Majestic… Tras la crisis de 2008, el independentismo catalán, recalentado por la mala relación anterior con Madrid, planteó el proceso de secesión, abriendo un capítulo de la historia que todavía no se ha cerrado aunque podemos afirmar que se ha mitigado en gran medida.

Ahora de nuevo el nacionalismo periférico desempeñará un papel vital en la próxima legislatura si, como parece probable, las fuerzas soberanistas deciden investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, eventualidad que nos libraría a todos del influjo indeseable de Vox en el Ejecutivo y nos alejaría del fantasma de unas nuevas elecciones que a los nacionalistas no les convienen y que volverían a poner a este país en riesgo de pertenecer al indeseable club de los socios «iliberales» de la UE.

De momento, Junts, la formación heredera de CDC comandada moralmente por Puigdemont, ya ha exigido abruptamente la amnistía y un referéndum de autodeterminación a cambio de la investidura presidencial. Es claro que este tiro por elevación tiene un blanco mucho más modesto: el nacionalismo conservador catalán exige un debate territorial en toda regla, que no haya de encorsetarse necesariamente en los límites del modelo autonómico.

Este debate, que tendrá que producirse antes o después y que debería mantenerse en los límites de la racionalidad y hasta de la cordialidad, debe desjudicializarse por completo y de antemano, desde antes incluso de producirse, y ello exige el acatamiento de la Constitución. O, mejor dicho, un sistema negociador que, o bien se limite a una profunda reforma del sistema de financiación, o haya de embarcarse en una reforma constitucional. No ha de descartarse a priori que esta opción pueda terminar planteándose, por sus cauces y según establece el Título X C.E. Para que el proceso vaya a buen puerto, será preciso que las partes hablen con franqueza, que no haya amenazas y que todos guarden lealtad al Estado de Derecho.

Los problemas políticos no son transferibles a otros contextos, pero sería insensato no tener en cuenta las experiencias ajenas, y en este asunto el caso canadiense tiene una gran enjundia. Como es conocido, se produjeron en Canadá dos referéndums de autodeterminación en la provincia francófona de Quebec, ambos perdidos por los separatistas, y ante la eventualidad de que los rupturistas tomaran los plebiscitos como un hábito y los repitieran hasta que saliera el sí, el Tribunal Supremo del Canadá (en funciones de Constitucional) elaboró un dictamen, convertido en la Ley de Claridad por el Parlamento, que establece una serie de condiciones democráticas para la secesión:

a).-Québec no disfruta del derecho a la autodeterminación.

b).-La secesión solo sería posible si «una clara mayoría» declarara «de forma inequívoca» su deseo de no pertenecer en Canadá. Entre otras razones, porque «Democracia... significa mucho más que el simple gobierno de la mayoría».

c).-La secesión de una provincia «bajo la Constitución» no puede ser adoptada unilateralmente, esto es, sin una negociación con los otros miembros de la Confederación dentro del marco constitucional.

Ningún demócrata puede poner trabas a una ilación argumental tan expresiva. Y pocos pueden pensar que semejantes axiomas democráticos generarían un nuevo conflicto. ¿Por qué no lo intentamos?

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