Crecimiento económico y progreso social

Estamos viviendo casi permanentemente en un ambiente electoral y/o preelectoral. Los nuevos contextos políticos han afectado, y siguen haciéndolo, a los diversos procesos. Incluidas las próximas Elecciones Generales del próximo domingo, día 23 de julio. Los grandes partidos nacionales clásicos (PP, PSOE…) permanecen activos; pero para gobernar muy probablemente deberán pactar con otras fuerzas de índole diversa, básicamente Vox o Sumar. El agrio y confuso debate Sánchez/Feijóo, junto con otros, no ayudaron a clarificar los espacios políticos.

En los últimos años se están produciendo, no sólo en España, sino en todo el contexto europeo, una serie de cambios sociales, tecnológicos y climáticos, que de una manera u otra están teniendo una incidencia fundamental en los procesos electorales. La revolución tecnológica ha hecho circular el mundo de lo analógico a lo digital. La revolución demográfica, que convirtió a Europa, cuna del Contrato Social, en un espacio compartido de gente envejecida después de haber sido un continente joven. La globalización, que ha llegado a ser el marco de referencia de nuestra época desplazando al Estado-Nación. Y la hegemónica revolución conservadora que ha predicado las virtudes del individualismo y de que cada palo aguante su vela, olvidando los principios mínimos de solidaridad. Ni Contrato Social, ni Progreso Social.

¿Qué consecuencias tiene esto? Por una parte, la pérdida de masa electoral (léase fidelidad de voto) de los partidos tradicionales. Por otra, se produce una dispersión de voto que genera una atomización de partidos en el seno de los parlamentos, que dificulta la generación de mayorías estables. E incluso, a pocos días de las elecciones poco puede sorprendernos ya la existencia de una masa de votantes indecisos; no ya solo si acudir a su cita con las urnas, sino que, una vez decidido participar, no sabe a quién otorgar su confianza.

Los socialistas (PSOE) y su probables aliados (Sumar) plantean medidas estratégicas sin duda necesarias, especialmente en el ámbito socioeconómico, pero con dificultades de comunicación hacia una ciudadanía ocupada y preocupada por el quehacer cotidiano. Por su parte, la derecha (PP) se limita al acoso y derribo del «sanchismo» sin ofrecer alternativa alguna. Aprovechan las supuestas nuevas «alternativas», especialmente en el contexto ideológicos de la derecha extrema (Vox), para ofrecer soluciones (?) falsas y simplistas, pero de fácil comprensión, que «sustituyen» las necesarias e imprescindibles transformaciones políticas y socioeconómicas, compaginando el crecimiento económico y el progreso social.

Sin duda el crecimiento y la estabilidad ofrecen mejores oportunidades a las familias para el consumo y el ahorro; y especialmente las clases medias incrementan sus perspectivas de futuro. Sin embargo, centrar el progreso únicamente en lo económico implica ignorar la importancia del Progreso Social. Léase imputs relacionados con los salarios, la formación personal y profesional, el acceso a la vivienda, el nivel de seguridad, las perspectivas de futuro, la sostenibilidad, la inclusión y la tolerancia, así como el acceso en igualdad de oportunidades a los servicios públicos básicos.

Hoy ¿es posible crear un clímax que posibilite y facilite la reconciliación entre la economía de mercado, el progreso social y la democracia plural?

Es necesaria una mejor gestión macroeconómica para estabilizar la economía y acabar con el recurrente ciclo maníaco-depresivo, con fases de fuerte expansión y creación de empleo seguidas por otras de intensa caída y destrucción. Los más perjudicados por este comportamiento bipolar son los más débiles, incluida la microeconomía. Las políticas están sesgadas hacia la desregulación y precarización del mercado de trabajo. Es urgente poner el foco en los factores olvidados del crecimiento, la productividad y el empleo.

Es imprescindible «democratizar» la democracia para que las políticas respondan al bien común y puedan reducir la desigualdad y la pobreza. Y también escribir el manual de funcionamiento del estado de las autonomías, que dé flexibilidad para responder al mayor apetito de autogobierno de algunas comunidades, sin que este implique privilegios en cuanto a la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos básicos.

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