Preservar la paz social

Antonio Papell

Antonio Papell

La inflación es el gran enemigo de los pobres, ya que mengua el poder adquisitivo de todos pero en especial de los que más dificultades tienen para sobrenadar los niveles inferiores de la escala social. Los economistas explican que es muy peligroso indexar automáticamente los salarios con los precios porque puede encadenarse una espiral inflacionista incontenible y artificial. Sin embargo, algo hay que hacer para que los trabajadores no salgan especialmente perjudicados por unas crisis que ellos no han provocado y que generan nuevos e insoportables desequilibrios.

Las cifras oficiales son muy claras: el salario medio en España en 2022 fue de 28.360 euros, un 2,87% superior al del año anterior. Este incremento ha sido casi tres puntos inferior al IPC de 2022, que fue del 5,7%, por lo que a pesar de haber incrementado sus ingresos los trabajadores han perdido poder adquisitivo.

El estudio realizado por Oxfam con motivo del Día Internacional del Trabajo que se celebró ayer, manifiesta que el salario de los españoles cayó un 5,5% en 2022 (la OCDE reconoce apenas el 5,3%), mientras que los dividendos de las empresas cotizadas aumentaron un 26,8% en comparación con el ejercicio anterior. En definitiva, los sueldos en España han aumentado menos que en el resto de las principales economías, haciendo que los empleados españoles pierdan de media 1.523 euros de poder adquisitivo en 2022. La ONG señala que, en España, 86 de cada 100 euros repartidos como dividendos y otros rendimientos financieros acaban en manos de menos del 10% de la población, una situación que fomenta la desigualdad.

La última reforma laboral, aprobada por el RDL 32/2002 de 28 de diciembre, devolvió a los trabajadores la capacidad de negociación colectiva que les había regateado la anterior reforma de Rajoy con el argumento de la crisis económica y financiera. La recuperación integral del diálogo social al amparo de esta nueva norma no se ha conseguido todavía, y las conversaciones sobre el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva se mantienen estancadas. Pese a lo cual, existe una intensa actividad negociadora sectorial o empresa por empresa, que ha hecho posible, según el Ministerio de Trabajo, que el aumento salarial acordado en los convenios firmados o revisados el primer trimestre de 2023 haya superado el 3% (3,08%) por primera vez desde 2008, en tanto los acuerdos formalizados en este periodo han representado una mejora salarial del 4,82%.

Las organizaciones sindicales presionan con fuerza —lo hicieron ayer en sus mítines— para que la patronal se siente a negociar (durante el último encuentro, hace varias semanas, CCOO y UGT plantearon a las patronales CEOE y Cepyme un incremento del 13,84% en el periodo de 2022 a 2024, empezando por un 5% para el año pasado, un 4,5% para este y un 3,75% para el próximo). De momento, los empresarios no han respondido al requerimiento, y las organizaciones obreras amenazan con movilizaciones, aunque las expectativas de inflación para este año y los siguientes se han moderado significativamente. Los salarios públicos, por su parte, han subido discretamente: en 2022 ha habido un aumento del 1,5% con el fin de compensar la inflación, que se suma al incremento del 2% aprobado en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. En 2023, la subida de las retribuciones públicas será del 2,5% —que podrá subir todavía un punto más— y está incluida en los PGE.

El mercado laboral, siempre heterogéneo, lo es aún más en periodos críticos en que la bonanza va por barrios, la inestabilidad afecta sobre todo a las pymes, y las grandes compañías ofrecen resultados cuantiosos pero muy desiguales. En estas circunstancias, no es fácil establecer un pacto de rentas homogéneo que abarque a todas las empresas de todos los sectores, y quizá sea más atinado avanzar como hasta ahora mediante pactos sectoriales o individuales más fáciles de acordar. En cualquier caso, hemos disfrutado de un largo periodo de paz social —paradójicamente truncado apenas por los trabajadores de la justicia—, que convendría cultivar porque es un elemento esencial para el crecimiento y el empleo.

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